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LA NUEVA LEY DE RECURSOS HÍDRICOS

La aprobación de la nueva legislación de recursos hídricos responde, no a uno, sino a varios procesos de reforma del marco normativo de aguas iniciados desde hace muchos años. Así, refiriéndonos a la manera específica como se aprobó esta norma, debemos resaltar que tiene su antecedente inmediato en la aprobación de los decretos legislativos 1081 y 1083 por el Poder Ejecutivo en el marco de las facultades delegadas para legislar en virtud de la puesta en marcha del acuerdo comercial con Estados Unidos. Con la aprobación de estos decretos, los procesos que se llevaban a cabo en el Poder Legislativo (que, como hemos mencionado, tenían ya varios años de duración) se tuvieron que acelerar, en vista de que algunas fuerzas políticas no consideraban adecuados dichos decretos legislativos.

Así, en el ámbito del Congreso de la República se actualizaron varias iniciativas legislativas encaminadas a promulgar una nueva ley de aguas, haciendo un conglomerado de propuestas que dio lugar a la ley 29338.

Desde el punto de vista de la forma como se aprobó este importante instrumento normativo, es preciso señalar que aun cuando fue sancionado por el poder representativo electo, no hubo en esta última etapa una participación real de los actores importantes respecto del nuevo articulado. Esta es una de las razones por las cuales algunos grupos representativos de pueblos originarios han demandado al Congreso la derogatoria de esta norma, en vista de que consideran que no han sido adecuadamente consultados de conformidad con el Convenio 169 de la Organización Nacional del Trabajo.

Respecto del contenido de la norma, presenta varias novedades positivas para el marco normativo de los recursos hídricos, pero también algunos temas controvertidos que trataremos de reseñar a continuación.