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Martes, Junio 18, 2019
   
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NORMATIVIDAD PENAL

La ley 29263 modifica diversos artículos del Código Penal y crea diversos tipos penales, correspondientes al título XII, «Delitos ambientales » (antes comprendidos bajo el término «Delitos contra la ecología»), referentes a los temas de protección de flora y fauna silvestres, protección de los recursos genéticos, manejo de residuos sólidos, contaminación ambiental y a la responsabilidad de los funcionarios y de los representantes legales. Mediante la misma ley se dispone modificar el artículo 149 de la ley 28611, ley general del ambiente.

Se ha modificado el capítulo sobre delitos de contaminación y se han incorporado capítulos sobre delitos contra los recursos naturales, responsabilidad funcional e información falsa, medidas cautelares y exclusión o reducción de las penas.

El artículo 304 establece que quien infrinja leyes, reglamentos o límites máximos permisibles, entre otros, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 4 años ni mayor de 6 años y con 100 a 600 días-multa.

En el artículo 310 se establece que será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años y con prestación de servicios comunitarios de 40 a 80 jornadas, el que sin contar con permiso, licencia, etc., destruye, quema, daña o tala en todo o en parte, bosques u otras formaciones boscosas, sean naturales o plantaciones.

El artículo 314 sobre responsabilidad funcional, dice que «el funcionario público que sin observar leyes, reglamentos estándares ambientales vigentes, por haber faltado gravemente a sus obligaciones funcionales, autoriza o se pronuncia favorablemente sobre el otorgamiento o renovación de autorización, licencia, concesión, permiso u otro derecho habilitante a favor de la obra o actividad a que se refiere el presente título, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de tres años ni mayor de seis años, e inhabilitación de un año a seis años conforme al artículo 36 inciso 1, 2 y 3».

Entre los temas relevantes de esta nueva normatividad, tenemos que el juez puede disponer la suspensión inmediata de la actividad contaminante, extractiva o depredatoria (sin perjuicio de lo ordenado por la autoridad administrativa competente), así como las demás medidas cautelares que correspondan.

Se contemplan beneficios por colaboración, pues se considera que aquel que, encontrándose en una investigación fiscal a cargo del Ministerio Público o en el desarrollo de un proceso penal, proporcione información veraz, oportuna y significativa sobre la realización de un delito ambiental, podrá ser beneficiado en la sentencia con reducción de pena, para el caso de los autores, y con la exclusión de la pena, tratándose de partícipes, siempre y cuando la información cumpla con los requerimientos del artículo 314-D del Código Penal.

Se excluye de la aplicación normativa a las comunidades campesinas y nativas que realicen actividades de caza, pesca, extracción y tala con fines de subsistencia.

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