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Viernes, Noviembre 22, 2019
   
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LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS PENALES CONTRA EL AMBIENTE

De acuerdo al artículo 149 de la LGA, modificado por la ley 29263, en las investigaciones penales por delitos tipificados en el título décimo tercero del libro segundo del Código Penal, será de exigencia obligatoria la evacuación de un informe fundamentado por escrito por la autoridad ambiental, antes del pronunciamiento del fiscal provincial o fiscal de la investigación preparatoria en la etapa intermedia del proceso penal.

El informe deberá ser evacuado dentro de un plazo no mayor de 30 días, contados desde la recepción del pedido del fiscal de la investigación preparatoria o del juez,16 bajo responsabilidad. Dicho informe deberá ser merituado por el fiscal o juez al momento de expedir la resolución o disposición correspondiente.

Al respecto, el decreto supremo 004-2009-MINAM, publicado el 17 de marzo del 2009, mediante el cual se aprueba el reglamento del numeral 149.1 de la LGA, establece que la autoridad ambiental competente de la elaboración del informe, será la autoridad ambiental sectorial, sus organismos adscritos, los gobiernos locales y gobiernos regionales, así como los organismos reguladores o de fiscalización competentes en la materia objeto del proceso penal en trámite.

En caso de que exista más de una autoridad ambiental competente, o de que el fiscal tenga dudas respecto de la competencia, o que la autoridad ambiental competente sea parte en el proceso, solicitará el informe correspondiente al OEFA y este podrá emitir el informe o derivarlo de inmediato a la entidad que considere competente.

En cualquier caso, una copia del informe fundamentado se pondrá en conocimiento del Procurador Público del MINAM, quien actuará según sus atribuciones.

En las investigaciones penales que sean desestimadas, el fiscal evaluará la configuración del delito de denuncia calumniosa, contemplada en el artículo 402 del Código Penal.

Una disposición como esta se explica por la necesidad de establecer para cada caso diferencias más objetivas entre el ordenamiento penal y el administrativo. En efecto, ambas regulaciones representan ataques a un mismo bien jurídico, resultando así que la comisión de un delito contra el ambiente presupone siempre la contravención de una norma administrativa pero no viceversa. Esto nos lleva nuevamente al tema de la distinción entre la sanción administrativa y la sanción penal y quién es el competente para calificar la figura delictiva.

Sobre este punto la doctrina dominante emplea un criterio cuantitativo de distinción, basado principalmente en la gravedad del ataque o puesta en peligro del bien afectado. Esto supone que las afectaciones más graves serán castigadas por la ley penal y las menos graves por sanciones administrativas.

Obviamente, hay mucho de discrecionalidad en esta distinción; sin embargo, podemos plantear algunos criterios que en la práctica deben tenerse en cuenta:

a. La gravedad del daño.

b. La superación de estándares o límites máximos permisibles (LMP).

c. La particular relevancia del objeto afectado, lo que se establece a través de normas especiales nacionales o internacionales. Ejemplo: salud pública, áreas naturales protegidas, humedales, especies en vías de extinción.

d. El grado de intencionalidad.

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16   En tanto se termina de implementar el nuevo proceso penal, el juez penal está facultado a solicitar el informe técnico-legal a la autoridad ambiental competente conforme a lo establecido en el artículo 1 del decreto supremo 004-2009-MINAM, únicamente en los lugares donde se encuentre vigente el Código de Procedimientos Penales del año 1940, hasta que el nuevo Código Procesal Penal del 2004 entre en vigencia en el distrito judicial correspondiente, luego de lo cual será únicamente el fiscal quien esté facultado a solicitarlo.

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