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Lunes, Agosto 26, 2019
   
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FACULTADES DE LOS DENUNCIANTES

La potestad para formular denuncias por infracciones ambientales en el Perú se rige con carácter general por la LGA que en el artículo IV del título preliminar reconoce que «toda persona tiene el derecho a una acción rápida, sencilla y efectiva, ante las entidades administrativas y jurisdiccionales, en defensa del ambiente y de sus componentes, velando por la debida protección de la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así como la conservación del patrimonio cultural vinculado a aquellos». Esta norma recoge implícitamente el carácter difuso de los intereses ambientales, así como la naturaleza colectiva de la acción destinada a su defensa.

Esta atribución genérica está debidamente corroborada por el artículo 108 de la ley 27444 que dispone que las personas naturales o jurídicas pueden presentar peticiones o contradecir actos ante la autoridad administrativa competente, aduciendo el interés difuso de la sociedad. Sin embargo, cabe preguntarse si la o las personas que denuncian infracciones ambientales adquieren la condición de «parte», en el respectivo proceso sancionador.

Por «parte» debemos entender a toda persona natural o jurídica que interviene directamente en un proceso de cualquier naturaleza, definiendo un interés o un derecho que lo afecta. En el Perú no existe norma alguna que asigne la condición de parte a los denunciantes en el proceso administrativo sancionador.

Esto tiene como consecuencia práctica que el o los denunciantes de infracciones ambientales no pueden tener una participación activa en el respectivo proceso administrativo, por lo que es considerado un simple peticionario, quedando entonces a criterio del administrador la discrecionalidad para iniciar el procedimiento respectivo y limitándose las potestades que le reconoce la legislación procesal. Es decir: ser notificado de todos los actuados, presentar pruebas, e interponer recursos impugnativos e inclusive demandas judiciales contra las resoluciones que agoten la vía administrativa.

La ley 27444 establece algunas prerrogativas del denunciante:

a. La autoridad competente debe comunicarle en forma motivada el rechazo de la denuncia.

b. Puede proveer de información, datos, comunicaciones o pruebas.

c. Debe ser notificado de la decisión que aplica sanción o que archiva el procedimiento.

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