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Martes, Octubre 22, 2019
   
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RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

De conformidad con el artículo 131 de la LGA, las personas naturales o jurídicas que generen impactos ambientales significativos están sometidas a las acciones de fiscalización y control ambiental que determine el MINAM y las demás autoridades competentes.

En concordancia con este artículo y de conformidad con el artículo 135 de la misma ley, el gobierno nacional debería aprobar un régimen común de fiscalización y control ambiental que se convierta en la columna vertebral de la acción de cumplimiento administrativo de las normas ambientales en el país. Esta tarea todavía se encuentra en proceso.

En lo que respecta a la institucionalidad ligada a la responsabilidad administrativa, en el marco de la creación del MINAM, se aprobó la creación en su seno del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), quien cuenta con funciones para dirigir y supervisar la implementación del régimen común de fiscalización y control ambiental, así como para ejercer potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias. Asimismo, de acuerdo a la norma, la OEFA tiene como función supervisar que las entidades competentes cumplan con las funciones de fiscalización establecidas en la legislación vigente, entre otras competencias asignadas.

El artículo 136 de la LGA establece un régimen general de sanciones administrativas por infracciones de normas ambientales. Entre las sanciones coercitivas tenemos amonestaciones, multas, decomiso temporal o definitivo, paralización o restricción de la actividad causante de la infracción, clausura total o parcial del local o establecimiento donde se lleve a cabo la actividad que ha generado la infracción, suspensión o cancelación de la licencia, permiso, concesión o cualquier otra autorización.

Asimismo, también se han previsto medidas correctivas: cursos de capacitación ambiental obligatorios; adopción de medidas de mitigación del riesgo o daño; imposición de obligaciones compensatorias; procesos de adecuación conforme a los instrumentos de gestión ambiental propuestos por la autoridad competente.

En materia ambiental, si bien es cierto que en la práctica aún se mantienen algunas competencias ambientales específicas que se derivan de las competencias sectoriales, para el caso de la responsabilidad ambiental, hoy en día la norma a la que deberíamos remitirnos en alguna acción por daño ambiental es, en primer lugar al artículo IX del título preliminar de la LGA que dispone:

«Artículo IX. Del principio de responsabilidad Ambiental. El causante de la degradación del ambiente y de sus componentes, sea una persona natural o jurídica, pública o privada, está obligado a adoptar inexcusablemente las medidas para su restauración, rehabilitación o reparación según corresponda o, cuando lo anterior no fuera posible, a compensar en términos ambientales los daños generados, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar».

Luego, la misma LGA ha innovado respecto de varias especificaciones que atañen al manejo de la responsabilidad ambiental, en primer lugar asignando importancia al rol general del sector privado en materia ambiental, con el artículo 40 que dispone un principio de contribución sobre la base de los principios de internalización de costos y del principio de responsabilidad ambiental. Sobre la base de dicho rol, compete al Estado regular los mecanismos de asignación ex ante y ex post, respecto de los posibles daños y los daños realizados en la calidad ambiental.

Luego, en el capítulo correspondiente a «Empresa y ambiente» de la LGA, se establecen varios conceptos claves para la responsabilidad ambiental, como la responsabilidad general (artículo 74) y el manejo integral y prevención en la fuente, y también varios conceptos innovadores, como los sistemas de gestión ambiental y mejora continua, la promoción de la producción limpia, la responsabilidad social de la empresa, el turismo sostenible y el consumo responsable, entre otros (en los artículos subsiguientes).

Ya de manera mucho más específica, la LGA ha dispuesto un régimen de responsabilidad por daño ambiental, e incluido un capítulo completo en el que se ubican criterios generales y específicos para el manejo del daño y la forma como debe ser asumida la responsabilidad por el daño.

A continuación se explica cuál es el régimen administrativo por daño ambiental (artículo 135 al 141), para luego desarrollar a partir del artículo 142 los criterios que deben ser tomados en cuenta para la responsabilidad ambiental, y que se relacionan directamente con la calidad de vida de las personas, la salud humana o el patrimonio natural que pudiera ser afectado. Además, cabe resaltar que establece un régimen de incentivos (artículo 150) para las medidas o procesos que a iniciativa del titular de la actividad sean implementados y ejecutados con la finalidad de reducir y/o prevenir la contaminación ambiental y la degradación de los recursos naturales, más allá de lo exigido por la norma o la autoridad.

Por ejemplo, una especificidad innovadora es que según la LGA existe responsabilidad solidaria entre los titulares de las actividades causantes de la infracción y los profesionales o técnicos responsables de la mala elaboración o la inadecuada aplicación de instrumentos de gestión ambiental de los proyectos, obras o actividades que causaron el daño.

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