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Viernes, Noviembre 22, 2019
   
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PROCESO DE ACCIÓN POPULAR

La acción popular, contenida en el artículo 200 inciso 5 de la Constitución Política de 1993, procede contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones de carácter general, cualquiera que sea la autoridad de la que emanen, siempre que infrinjan la Constitución o la ley, o cuando no hayan sido expedidos o publicados en la forma prescrita por la Constitución o la ley, según el caso.

La demanda de acción popular puede ser interpuesta por cualquier persona ante:

a. La Sala correspondiente, por razón de la materia de la corte superior del distrito judicial al que pertenece el órgano emisor, cuando la norma objeto de la acción popular es de carácter regional o local.

b. La Sala correspondiente de la Corte Superior de Lima, en los demás casos.

El plazo para interponer la demanda de acción popular prescribe a los 5 años contados desde el día siguiente de la publicación de la norma. La Sala resuelve su admisión dentro de un plazo no mayor de 5 días desde su presentación y si la decisión fuese apelada, pondrá la resolución en conocimiento del emplazado.

Las sentencias fundadas recaídas en el proceso de acción popular podrán determinar la nulidad, con efecto retroactivo, de las normas impugnadas. En tal supuesto, la sentencia determinará sus alcances en el tiempo, los mismos que tendrán efectos generales y se publicarán en el diario oficial El Peruano.

Contra la sentencia procede un recurso de apelación, el cual contendrá la fundamentación del error, dentro de los 5 días siguientes a su notificación.

Procede solicitar una medida cautelar una vez expedida la sentencia estimatoria de primer grado.

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