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Sábado, Octubre 19, 2019
   
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PROCESO DE AMPARO

La Constitución Política de 1993 en el artículo 200 inciso 2, mantiene esta garantía constitucional (reconocida constitucionalmente recién por la Constitución de 1979), la cual se demanda contra la acción u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que viole o amenace los derechos constitucionales, como el de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. Este proceso se sustenta en la necesidad inmediata de prevenir o evitar la ocurrencia de daños ambientales que por su naturaleza son en muchos casos irreparables y de gran magnitud.

El amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva,11 que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Es improcedente cuando el agraviado dejó consentir la resolución cuya agresión invoca.

Para la temática ambiental, el principio de la tutela procesa efectiva debe ser interpretado en concordancia con el derecho de acceso a la justicia ambiental, expresado en el artículo IV del título preliminar de la ley general del ambiente (LGA), por el cual:

«Toda persona tiene el derecho a una acción rápida, sencilla y efectiva, ante las entidades administrativas y jurisdiccionales, en defensa del ambiente y de sus componentes, velando por la debida protección de la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así como la conservación del patrimonio cultural vinculado a aquellos.

Se puede interponer acciones legales aun en los casos en que no se afecte el interés económico del accionante. El interés moral legitima la acción aun cuando no se refiera directamente al accionante o a su familia».

Están legitimados para demandar: el afectado, quien puede hacerlo por intermediación de su representante procesal; en caso de que aquel no residiese en el país, se requerirá que su representante esté debidamente acreditado;12 cualquier persona, cuando se trate de amenaza o violación del derecho al medioambiente u otros derechos difusos que gocen de reconocimiento constitucional, aun cuando lo afecte directamente; las entidades sin fines de lucro cuyo objeto sea la defensa de estos derechos; y la Defensoría del Pueblo, en ejercicio de sus competencias constitucionales.

Se puede interponer la demanda de amparo dentro de los 60 días hábiles de producida la afectación, siempre y cuando el afectado hubiese conocido el acto lesivo y hubiera podido demandar. Si no es así, el plazo se computará desde que el impedimento desaparece. Si el proceso se inicia contra resolución judicial, el plazo se inicia con la firmeza de ella y concluye a los 30 días de notificada la misma, debiendo observarse las reglas de cómputo del artículo 44 del Código Procesal Constitucional.

Para demandar vía proceso de amparo, se requiere el agotamiento de las vías previas. Sin embargo, en caso de duda sobre el agotamiento de la vía previa, se deberá optar por dar trámite a la demanda de amparo. En vista de su carácter excepcional y urgente, existen excepciones al agotamiento de las vías, las cuales se aplican:

a. Si una resolución, que no sea la última en la vía administrativa, es ejecutada antes de vencerse el plazo para que quede consentida.

b. Si por el agotamiento de la vía previa la agresión pudiera convertirse en irreparable.

c. Si la vía previa no se encuentra regulada o ha sido iniciada innecesariamente por el afectado.

d. Si no se resuelve la vía previa en los plazos fijados para su resolución.

Un dato importante y útil es la posibilidad de intervención litisconsorcial, a través de la cual quien tuviese interés jurídicamente relevante en el resultado del proceso, puede apersonarse solicitando ser declarado litisconsorte facultativo.

Si la sentencia declara fundada la demanda de amparo, podrá ordenar en ella la restitución o restablecimiento del agraviado en pleno goce de sus derechos constitucionales, disponiendo que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación. En cualquier caso, se cuenta con 3 días para apelar, contados a partir de la notificación del fallo. Si este queda firme, el demandado deberá cumplirla dentro de los 2 días siguientes, a menos que tratándose de una acción por omisión el juez dispusiera duplicar el plazo.

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11   La tutela jurisdiccional efectiva es la situación jurídica de una persona en la que se respetan sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviada de la jurisdicción predeterminada ni sometida a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal.

12   Representación mediante poder fuera de registro otorgado ante el cónsul del Perú en la ciudad extranjera que corresponda y la legalización de la firma del cónsul ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, no se requiere inscripción registral pública.

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