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Domingo, Diciembre 15, 2019
   
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DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS PROCESOS DE AMPARO, HÁBEAS DATA Y CUMPLIMIENTO

Los procesos constitucionales de amparo, hábeas data y cumplimiento tienen como finalidad reponer las cosas al estado anterior de la violación o amenaza de violación, o disponer el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo.

En caso que, ya presentada la demanda, cesase la agresión o amenaza por decisión del agresor, o si se vuelve irreparable, de acuerdo al agravio, el juez podrá declarar fundada la demanda.

Los procesos de amparo y hábeas data proceden cuando se amenace o viole los derechos constitucionales por acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona. Por su parte, el proceso de cumplimiento procede para que se acate una norma legal o se ejecute un acto administrativo.

Cuando se demande la aplicación8 de una norma autoaplicativa incompatible con la Constitución, de declararse fundada la petición realizada, también se dispondrá la inaplicabilidad de la norma.

La vía procedimental puede ser elegida por el demandante, quien podrá accionar vía un amparo, hábeas data o de cumplimiento, ante el juez civil o mixto del lugar donde se afectó el derecho, o donde tenga su domicilio principal.

En los procesos constitucionales no existe etapa probatoria, por lo que solo se pueden presentar medios de prueba que no requieran actuación, admitiéndose también aquellos que traten sobre hechos nuevos trascendentales; no obstante, el juez puede ordenarlos siempre que no afecten la duración del proceso, por ejemplo: inspecciones, pericias de medición de la contaminación, evaluaciones técnicas, entre otras. Es por la urgencia de evitar la agresión a derechos constitucionales que, estos procesos tienen tramitación preferente bajo responsabilidad, pudiéndose, además, conceder medidas cautelares9 y de suspensión del acto violatorio para los de amparo y de cumplimiento.

Las medidas cautelares se dictan sin conocimiento de la contraparte, pudiendo ser apeladas, salvo cuando la medida tenga por objeto dejar sin efecto actos administrativos dictados en aplicación de la legislación municipal o regional, situación en la que sí se correrá traslado por el término de 3 días. En cualquier caso, la medida cautelar se extingue de pleno derecho cuando la resolución que concluye el proceso ha adquirido la autoridad de cosa juzgada, a menos que la sentencia sea estimatoria, en cuyo caso los efectos de la medida se conservarán, pasando de cautelar a ejecutiva.10

Entre los recursos impugnatorios se tienen el de agravio constitucional y el de queja: ambos son de competencia del Tribunal Constitucional. El primero procede contra la resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente  la demanda, en un plazo de 10 días de notificada; el segundo procede contra la resolución que deniega el recurso de agravio constitucional, en un plazo de 5 días de notificada, sin lugar a trámite este se resuelve dentro
del lapso de diez días.

Para los procesos de amparo, hábeas data y de cumplimiento, el Tribunal Constitucional tiene un plazo máximo de 30 días, cuando se trate de resoluciones denegatorias.

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8   Son normas autoaplicativas, aquellas que una vez que han entrado en vigencia, son de aplicación inmediata e incondicionada.

9   Al respecto, observar la modificación contenida en el artículo 1 de la ley 28946, del 24 de diciembre del 2006.

10   Los efectos de esta medida permanecen hasta el momento de la satisfacción del derecho reconocido, o hasta que el juez expida una resolución modificatoria o extintiva durante la fase de ejecución.

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