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Viernes, Noviembre 22, 2019
   
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PROCESOS CONSTITUCIONALES

El 1 de diciembre del 2004 entró en vigencia el Código Procesal Constitucional, mediante el cual se derogaron la ley 23506, ley de hábeas corpus y amparo; la ley 25398, ley complementaria de la ley de hábeas corpus y amparo; la ley  24968, ley procesal de la acción popular; la ley 26301, ley de hábeas data y acción de cumplimiento; los artículos 20 al 63, con excepción del artículo 58, así como la primera y segunda disposición general de la ley 26435, ley orgánica del Tribunal Constitucional.

Los procesos regulados por este cuerpo normativo son aquellos previstos por la Constitución Política en los artículos 200 y 202 inciso 3, y buscan garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia de los derechos contenidos en ella. Estas acciones de naturaleza constitucional tienen estrecha relación con el derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, así como con los derechos que se desprenden del aprovechamiento y uso de los recursos naturales, la obligación de conservar ciertos espacios (como las áreas naturales protegidas) y las demás competencias del Estado con relación al ambiente y los recursos naturales.

Los procesos constitucionales de materia ambiental (amparo, hábeas data, cumplimiento, inconstitucionalidad, acción popular y los conflictos de competencia) serán de competencia del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, debiendo aplicarse a la luz de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados de derechos humanos y las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales de derechos humanos según los tratados de los que Perú es parte. Con relación al acceso a este tipo de acciones, debe recordarse que los procesos constitucionales se encuentran exonerados del pago de tasas judiciales.

Cabe destacar que las sentencias del Tribunal Constitucional pueden constituir precedente vinculante, siempre que ello sea precisado en el fallo; en caso que este órgano decida apartarse del precedente, deberá fundamentarlo debidamente.

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