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Lunes, Diciembre 18, 2017
   
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LA GESTIÓN AMBIENTAL DESCENTRALIZADA

Cuando el año 2008 se creó el ministerio del ambiente, la ley de bases para la descentralización y la ley orgánica de gobiernos regionales ya tenían más de un lustro de vigencia. Estas leyes habían definido de manera expresa las funciones que se transferirían de manera gradual para ser ejercidas por los gobiernos regionales y obviamente las funciones ambientales identificadas derivaban de distintos sectores por cuanto no existía en ese tiempo ni el ministerio del ambiente, ni el denominado sector ambiental.

Con la creación del ministerio del ambiente en mayo del año 2008, se estableció que éste debía prestar apoyo técnico a los gobiernos regionales y locales para el adecuado cumplimiento de las funciones transferidas en el marco de la descentralización. Sin embargo no se ha establecido la transferencia de funciones y objetivos de los organismos adscritos al ministerio tales como el organismo de evaluación y fiscalización ambiental; el servicio nacional de meteorología e hidrología; el instituto de investigaciones de la Amazonía peruana, el instituto geofísico del Perú y el servicio nacional de áreas naturales protegidas por el estado.

Frente a ello, el ministerio del ambiente aprobó por resolución ministerial 089-2010-MINAM, el plan anual de transferencia sectorial 2010 el que de manera expresa señala: «En ese sentido, el presente año tampoco se han identificado funciones a transferir con relación a los objetivos y funciones de cada Organismo Adscrito, por lo que al respecto se continuará fortaleciendo las acciones de desarrollo de capacidades y la articulación con los Gobiernos Subnacionales».

Esta limitación hace que el Plan formule como recomendaciones el formular e implementar el plan sectorial de desarrollo de capacidades y fortalecer las nuevas funciones de las gerencias regionales de recursos naturales, entre otras.

Es claro que en el futuro cercano se tendrá que evaluar las funciones que corresponden al sector ambiental y definir con claridad, aprobándose por ley, las que deben transferirse para su ejercicio descentralizado por parte de los gobiernos regionales.

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