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Sábado, Diciembre 16, 2017
   
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EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

El año 2004 se promulgó en el Perú la ley marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, orientada a fortalecer el marco institucional ambiental en ese entonces liderado por el CONAM. Esta ley se reglamentó un año después. Si bien es cierto, estas normas contribuyeron a ese objetivo de fortalecimiento, debe tenerse en cuenta que con posterioridad a ellas, para ser más exactos, el año 2007, se promulgó la ley orgánica del poder ejecutivo, en uno de cuyos títulos se regula el funcionamiento de los «sistemas» identificándose a los «sistemas funcionales» y los «sistemas administrativos». Bajo esta norma, que regula el funcionamiento de las entidades del poder ejecutivo, se creó en mayo de 2008, el Ministerio del Ambiente, el que es reconocido como el ente rector del SNGA. Este sistema, es bajo los principios de le ley, un sistema funcional.

Cabe mencionar que la ley del poder ejecutivo señala que los sistemas funcionales tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de políticas públicas que requieren la participación de todas o varias entidades del Estado, agregando que están a cargo de un ente rector que se constituye en su autoridad técnico-normativa a nivel nacional; dicta las normas y establece los procedimientos relacionados con su ámbito; coordina su operación técnica y es responsable de su correcto funcionamiento. Esta ley precisa que el poder ejecutivo es responsable de reglamentar y operar los sistemas funcionales y que las normas del sistema establecen las atribuciones del ente rector del mismo.

Lo señalado podría resultar suficiente para entender el rol del Ministerio del Ambiente como ente rector y en consecuencia autoridad del SNGA, pero sin embargo se complica cuando luego vemos que se han creado otros sistemas que se integran como subsistemas del de gestión ambiental, pero a la vez integran en su seno a éste. Tal es el caso del sistema nacional de recursos hídricos, que en su norma de creación señala que integra al sistema nacional de gestión ambiental aún cuando a su vez el primero es subsistema funcional del último. Ocurre a su vez con el sistema nacional de evaluación y fiscalización ambiental. Entonces, frente a esta realidad no queda para nada claro quien dirige a quien. Ello parece tener como origen el ánimo político de satisfacer las demandas de distintos sectores, que frente a la creación del Ministerio del Ambiente se resistieron a ceder funciones y detrás de ello cuotas de poder. Si a ello sumamos las dificultades en relación a competencias sobre el bosque y los servicios ambientales, salud ambiental y el rol de la Dirección General de Salud Ambiental, entonces vemos que el panorama se complica y las posibilidades de superposiciones se multiplican.

Siendo ello así toca aprovechar la competencia que tiene el poder ejecutivo para reglamentar los sistemas funcionales y por eso tocaría al Ministerio del Ambiente modificar el reglamento de la ley del SNGA del año 2005 para actualizarlo y precisar mejor las funciones, llenar los vacíos y eliminar las superposiciones.

Sólo así podremos avanzar significativamente logrando la adecuación de todos los sectores al sistema de evaluación del impacto ambiental, podremos lograr que con la autoridad del ente rector del sistema ambiental, se actualicen los límites máximos permisibles, que en su mayoría están desactualizados y en muchos sectores no existen.

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