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Sábado, Diciembre 16, 2017
   
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FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Uno de los temas críticos que se deben considerar en la creación del MINAM es el que se refiere a la fiscalización ambiental. Es importante y pertinente resaltar que uno de los mayores problemas en la gestión ambiental es el incremento de los conflictos ambientales en el país. Ello se explica en la percepción negativa que tiene la población de la doble función que deben cumplir los ministerios en tanto promotores de una actividad y a su vez fiscalizadores del cumplimiento de las reglas que ellos mismos imponen.

El problema adicional se presenta por el hecho de que el CONAM no tuvo históricamente un rol de fiscalización, lo que para muchos explica en parte su debilidad. Recién en el año 2005, la ley general del ambiente otorgó al CONAM un rol de fiscalización algo genérico, pero a su vez le asignó el mandato de formular un régimen común de fiscalización en materia ambiental, especialmente por el hecho de que la fiscalización es ejercida actualmente por distintos sectores y organismos reguladores.

Así, por ejemplo, desde un inicio se consideró que las actividades de fiscalización en materia ambiental del sector de hidrocarburos y electricidad debían retirarse del Ministerio de Energía y Minas para ser parte de las competencias del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG). Similar postura fue asumida posteriormente para la minería, donde a partir del 2007 la fiscalización ambiental fue asumida por este organismo y se le denominó OSINERGMIN. De esta manera, actualmente el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) tiene la función no solo de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas de las actividades que desarrollan las empresas en los subsectores de minería, electricidad e hidrocarburos, sino también el cumplimiento de las normas legales y técnicas referidas a la conservación y protección del ambiente.

La fiscalización es uno de los temas más sensibles que enfrenta la creación del MINAM. Siendo así, actualmente se ha aprobado una norma que establece la transferencia de competencias ambientales de OSINERGMIN al OEFA, dando un plazo de entre 6 y 12 meses para este proceso.

A ello hay que sumar lo que constituirá un reto para el futuro cercano. El rol del OEFA no sólo es en fiscalización, sino a su vez en evaluación y supervisión. Hay que tener en cuenta que este organismo tiene funciones en estos tres rubros, pero estas funciones no han quedado del todo claras en el texto de las leyes o sus reglamentos y ello ya empezó a generar debates entre las mismas entidades públicas que temen contar con un OEFA capaz incluso de supervisar a ellas mismas.

El debate debe orientarse a definir el rol del OEFA como entidad de primer piso, es decir evaluando y fiscalizando el comportamiento ambiental y el cumplimiento de la ley ambiental por parte de los administrados y a su vez el rol que tendría como entidad de segundo piso, es decir con funciones para supervisar a  los administradores. Este doble rol, en caso no fuera adecuadamente definido, puede generar superposición y confusión, por lo que deben delimitarse con claridad las fronteras en cada uno de los niveles en los que actuará el OEFA.

El debate por su lado pasa por la transferencia de funciones, personal y presupuesto. Al momento de elaborarse este Manual, en donde las comisiones de transferencia de OEFA y OSINERGMIN venían definiendo la transferencia de las funciones mineras, quedaba claro que esta última entidad se resistía a transferir al personal calificado que venía ejerciendo la función, los presupuestos requeridos e incluso el mobiliario que había sido adquirido con dicho fin. Si a ello se suma que para el 2010 el OEFA tiene un presupuesto aprobado, pero una transferencia parcial, podemos concluir que la voluntad política para su fortalecimiento aún no es evidente.

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