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Jueves, Diciembre 14, 2017
   
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GOBIERNOS REGIONALES

La ley 27680, ley de reforma constitucional del capítulo XIV del título IV sobre descentralización, ha dado inicio, sin embargo, a un nuevo proceso de descentralización en el país, mediante el cual se espera que se definan con mayor precisión las competencias de las autoridades de los distintos niveles de gobierno que representan al Estado peruano.

Esta norma establece que la descentralización es una forma de organización democrática y constituye una política permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país. En este sentido, se establece un proceso de regionalización, el mismo que se realizará por etapas, en forma progresiva y ordenada, conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales.

Para el inicio de este proceso, se eligió a gobiernos regionales sobre la base de los actuales departamentos y la provincia constitucional del Callao. La norma establece que los gobiernos regionales elegidos en el marco de este proceso, cuentan con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y se encargarán de coordinar con las municipalidades sin interferir en sus funciones y atribuciones.

La ley 27783, ley de bases de la descentralización, establece la finalidad, principios, objetivos y criterios generales del proceso de descentralización; regula la conformación de las regiones y municipalidades; fija las competencias de los tres niveles de gobierno; y determina los bienes y recursos de los gobiernos regionales y locales. También regula las relaciones de los distintos niveles de gobierno.

En este sentido, establece que las regiones son unidades territoriales con diversidad de recursos naturales, sociales e institucionales, integradas histórica, económica, administrativa, ambiental y culturalmente, que comportan distintos niveles de desarrollo, especialización y competitividad productiva, sobre cuyas circunscripciones se constituyen y organizan los gobiernos regionales.

La ley orgánica de gobiernos regionales, al igual que la ley de bases de la descentralización, ha establecido como competencias exclusivas de los gobiernos regionales, las siguientes:

a. Planificar el desarrollo integral de su región y ejecutar los programas socioeconómicos correspondientes, en armonía con el plan nacional de desarrollo.

b. Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las municipalidades y la sociedad civil de su región.

c. Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la ley de gestión presupuestaria del Estado y las leyes anuales de presupuesto.

d. Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos de ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad y oportunidades de inversión privada; dinamizar mercados y rentabilizar actividades.

e. Diseñar y ejecutar programas regionales de cuencas, corredores económicos y de ciudades intermedias.

f. Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la agricultura, la agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros sectores productivos, de acuerdo a sus potencialidades.

g. Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes de desarrollo.

h. Concretar acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo económico, social y ambiental.

i. Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de demarcación territorial en su jurisdicción, conforme a la ley de la materia.

j. Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad y proponer las iniciativas legislativas correspondientes.

k. Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de la biodiversidad.

Entre las competencias compartidas establecidas por la ley orgánica de gobiernos regionales, al igual que la ley de bases de la descentralización, tenemos:

a. Salud pública.

b. Promoción, gestión y regulación de actividades económicas y productivas en su ámbito y nivel, correspondientes a los sectores agricultura, pesquería, industria, comercio, turismo, energía, hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones y medio ambiente.

c. Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental.

d. Preservación y administración de las reservas y áreas naturales protegidas regionales.

e. Participación ciudadana, alentando la concertación entre los intereses públicos y privados o en todos los niveles.

Sobre la base de ello, en el año 2004, el Consejo Nacional de Descentralización (que fue absorbido por la Presidencia del Consejo de Ministros en el 2007 y cuyas funciones ahora corresponden a la Secretaría de Descentralización), en su condición de organismo que dirigía y conducía el proceso de descentralización, inició un proceso progresivo de transferencia de competencias del ámbito nacional a los ámbitos regional y local. Por ello, se aprobó el plan anual de transferencia de competencias sectoriales 2004, sobre la base del cual se dictaron las disposiciones pertinentes que garantizasen un progresivo y ordenado proceso de transferencia de los sectores del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales.15

A efectos de seguir con el proceso, se aprobó la ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales16 que, como su nombre lo indica, tiene como objetivo acreditar la existencia de capacidades de gestión efectiva en los gobiernos regionales y locales, para asumir las competencias, funciones, atribuciones y recursos que les vayan a ser transferidos. En este sentido, a la fecha diversos gobiernos regionales ya han acreditado capacidades para asumir algunas competencias y el proceso continúa.

En el proceso de transferencia de funciones, se optó por incluir el concepto de facultad como una forma de desagregar las funciones y sentar una base manejable para la transferencia.

Entre las facultades otorgadas a los gobiernos regionales en materia ambiental, tenemos:

Ver Tabla

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15   Posteriormente, se han aprobado los planes anuales de transferencia de competencias sectoriales de los años 2005, 2006, 2007 y 2008, previstos como planes de corto plazo, así como el plan de transferencias sectoriales del quinquenio 2005-2009 y posteriormente 2006-2010, con base en la oferta y demanda de los sectores del Estado y de los gobiernos regionales y locales, respectivamente, el mismo que tiene una gran importancia, en la medida que permite programar las transferencias con una perspectiva de mediano plazo.

16   Ley 28273 (pub. 09/07/2004).

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