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Lunes, Octubre 23, 2017
   
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AUTORIDADES FISCALIZADORAS EN MATERIA AMBIENTAL

Como ya lo hemos señalado anteriormente, en 1991 se estableció que las autoridades sectoriales competentes en materia ambiental son los ministerios o los organismos fiscalizadores, según sea el caso, de los sectores correspondientes a las actividades que desarrollan las empresas. En este sentido, el régimen de fiscalización ambiental ha diferido de sector a sector.

Sin embargo, debemos considerar que con la creación del MINAM, también se crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), como organismo público técnico especializado adscrito al MINAM. En el marco de sus funciones, el OEFA es el ente rector del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental, encargado de la evaluación, supervisión, control, fiscalización y sanción en materia ambiental, así como de la aplicación de los incentivos, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental y de los instrumentos de gestión ambiental, por parte de las personas naturales o jurídicas en el ámbito nacional, en el marco del SNGA.

El OEFA ejecuta directamente las acciones de fiscalización y sanción respecto de actividades bajo su competencia, y supervisa el desempeño de las entidades de fiscalización ambiental nacional, regional o local, a través de acciones de seguimiento y verificación.

Al respecto, debemos considerar que en la creación de este organismo, no hubo claridad respecto de sus competencias, en la medida en que se hacía referencia a términos como:

a. Entidad encargada de dirigir y supervisar la aplicación del régimen común de fiscalización y control ambiental, así como del régimen de incentivos previstos en la ley general del ambiente.

b. Entidad encargada de supervisar y fiscalizar directamente el cumplimiento de las actividades bajo su competencia.

Sin embargo, las competencias del OEFA fueron fortalecidas mediante la ley 29325, ley que crea el Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Este sistema tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todas las personas naturales o jurídicas, así como supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad sancionadora en materia ambiental, a cargo de las diversas entidades del Estado, se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente, de acuerdo con lo dispuesto en las normas, políticas, planes, estrategias, programas y acciones destinados a coadyuvar a la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales, al desarrollo de las actividades productivas y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que contribuyan a una efectiva gestión y protección del ambiente.

Asimismo, la ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental asigna cinco funciones generales al OEFA:

a. Función evaluadora: comprende las acciones de vigilancia, monitoreo y otras simila res que realiza el OEFA, según sus competencias, para asegurar el cumplimiento de las normas ambientales.

b. Función supervisora directa: comprende la facultad de realizar acciones de seguimiento y verificación con el propósito de asegurar el cumplimiento de las normas, obligaciones e incentivos establecidos en la regulación ambiental por parte de los administrados.

c. Función supervisora de entidades públicas: comprende la facultad de realizar acciones de seguimiento y verificación del desempeño de las entidades de fiscalización ambiental nacional, regional o local.

d. Función fiscalizadora y sancionadora: comprende la facultad de investigar la comisión de posibles infracciones administrativas sancionables y de imponer sanciones por el incumplimiento de obligaciones derivadas de los instrumentos de gestión ambiental, así como de las normas ambientales y de los mandatos o disposiciones emitidos por el OEFA.

e. Función normativa: comprende la facultad de dictar en el ámbito y en materia de sus respectivas competencias, los reglamentos y normas que regulen los procedimientos a su cargo y otros de carácter general referidos a intereses, obligaciones o derechos de las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que fiscaliza.

Por otro lado, la ley permite que las funciones establecidas sean ejercidas a través de terceros en lo que corresponda. Para esto, el OEFA establecerá los criterios y procedimientos específicos para la calificación y clasificación de los terceros que podrán ejercer dichas funciones, así como los procedimientos para la contratación, designación y ejecución de las tareas de supervisión que realizarán.

Para poder cumplir con sus funciones de fiscalización, el OEFA cuenta con varias facultades, entre las cuales figuran la de realizar fiscalizaciones sin previo aviso, hacerse acompañar por peritos y técnicos en las visitas de fiscalización, así como recabar y obtener información, datos o antecedentes con relevancia para la función fiscalizadora. Asimismo, el OEFA podrá proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente, y especialmente para requerir información al fiscalizado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales; exigir la presencia del empresario o de sus representantes y encargados en el centro fiscalizado; examinar la documentación con relevancia en la verificación del cumplimiento ambiental y tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o manipulados en el establecimiento; realizar mediciones; obtener fotografías, videos, grabación de imágenes; y levantar croquis y planos, siempre que se notifique al sujeto fiscalizado.

El reglamento de organizaciones y funciones del OEFA ha establecido que el Tribunal de Fiscalización Ambiental es el órgano encargado de ejercer funciones como última instancia administrativa del OEFA. Las resoluciones del tribunal son de obligatorio cumplimiento y constituyen precedente vinculante en materia ambiental, siempre que se lo señale en la misma resolución. Son funciones de este tribunal las siguientes:

a. Resolver en segunda y última instancia administrativa, los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones o actos administrativos impugnables emitidos por la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos.

b. Proponer al presidente del consejo directivo del OEFA mejoras a la normatividad ambiental, dentro del ámbito de su competencia.

c. Ejercer las demás atribuciones que correspondan de acuerdo a ley.

Asimismo, se ha contemplado que el OEFA cuente con oficinas desconcentradas, que son unidades básicas de gestión desconcentrada que reportan sus acciones a la presidencia del consejo directivo, habiéndose implementado la primera en la ciudad de Puerto Maldonado, región Madre de Dios.

Por su función fiscalizadora y sancionadora, el OEFA tiene la facultad de imponer sanciones administrativas por incumplimiento de la normativa ambiental, obligaciones de los instrumentos de gestión ambiental y de las disposiciones emitidas por el OEFA.

Las infracciones se clasifican como leves, graves y muy graves y su determinación debe fundamentarse en la afectación a la salud, al ambiente, en su potencialidad o certeza de daño, en la extensión de sus efectos, y otros criterios que puedan ser definidos por las autoridades del sistema.

Los administrados son responsables objetivamente por el incumplimiento de obligaciones derivadas de los instrumentos de gestión ambiental, así como de las normas ambientales y de los mandatos o disposiciones emitidos por el OEFA. El MINAM, a propuesta del OEFA, aprobará la escala de sanciones en la que se establecerán las sanciones aplicables para cada tipo de infracción.

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