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Lunes, Octubre 23, 2017
   
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ORGANIZACIÓN DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS AMBIENTALES

En el contexto del proceso de modernización y reforma estructural del Estado peruano, en 1991, poco tiempo después de haberse promulgado el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (CMA), el Congreso de la República delegó facultades legislativas al Poder Ejecutivo a fin de regular asuntos relativos al fomento del empleo, la pacificación y la inversión  privada.13 En uso de estas facultades, se expidió a finales de dicho año un conjunto de decretos legislativos que cambió sustancialmente el marco legislativo peruano, incluido el ambiental.

La norma de mayor impacto en el tema ambiental fue el decreto legislativo 757, ley marco para el crecimiento de la inversión privada. Esta norma formalizó la sectorialización administrativa de la gestión ambiental al establecer que las competencias ambientales son ejercidas  por los ministerios del Estado o por los organismos fiscalizadores. En efecto, el artículo 50 del decreto legislativo 757 dispuso lo siguiente:

«Las autoridades sectoriales competentes para conocer sobre los asuntos relacionados con la aplicación de las disposiciones del  Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales son los Ministerios o los organismos fiscalizadores, según sea el caso, de los sectores correspondientes a las actividades que desarrollan las empresas, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a los gobiernos regionales y locales conforme a lo dispuesto en la Constitución Política.14

En caso de que la empresa desarrollara dos o más actividades de competencia de distintos sectores, será la autoridad sectorial competente la que corresponda a la actividad de la empresa por la que se generen mayores ingresos brutos anuales».

De este modo, se dispuso que en materia ambiental cada empresa debe ajustar su desempeño ambiental a los mandatos que establezca la autoridad sectorial competente o el organismo fiscalizador correspondiente.

Posteriormente, en el año 1994 se creó el CONAM, estableciéndose a este organismo como el rector de la política nacional ambiental. Su función central era la de actuar como un ente de coordinación de la gestión ambiental, a fin de asegurar la transectorialidad y descentralización de la gestión ambiental en todas las instituciones, órganos y oficinas estatales que ejercían competencias ambientales, sobre todo en aquellas que mantenían instrumentos de gestión y planificación ambiental.

Sin embargo, a pesar de la creación del CONAM, el ejercicio sectorial de funciones ambientales siguió siendo, en rigor, el estilo de la gestión pública de los asuntos ambientales. Ello ha generado en algunos casos desconfianza por lo que algunos denominan el papel de «juez y parte» de los ministerios. La población considera que las autoridades ambientales sectoriales tienen incentivos contrapuestos, ya que una misma autoridad se encarga de promover el desarrollo productivo de su sector, fiscalizar su cumplimiento y proteger el ambiente, cuando finalmente a estas autoridades se las evalúa por las metas asociadas al fomento de la inversión privada y al desarrollo de su sector.

Adicionalmente, cabe destacar que como parte del proceso de descentralización establecido con la ley 27783, las autoridades sectoriales competentes han venido transfiriendo algunos de sus funciones (entre ellas las ambientales) a los gobiernos regionales y locales.

Finalmente, en marzo de 2008, se aprobó la creación del MINAM, modificando así el marco institucional peruano. Sin embargo, debe resaltarse que aún no se han resuelto algunos problemas derivados de la actuación fragmentada o sectorial del Estado, tales como la superposición de derechos otorgados a los particulares y la propia superposición en la actuación de estas autoridades.

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13 Ley 25327 (pub. 16/06/91).

14 El primer párrafo del artículo 50 del decreto legislativo 757 fue modificado mediante ley 26734 (pub. 31/12/96).

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