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Lunes, Diciembre 18, 2017
   
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MARCO INSTITUCIONAL

Debido a la «sectorialización» que impregna la gestión de la diversidad biológica en la legislación ambiental peruana, en cada ministerio recae el diseño y la implementación de las políticas específicas tendentes a la conservación y al uso sostenible de la diversidad biológica en su ámbito material, así como las competencias sobre los distintos elementos de la biodiversidad. Esta pluralidad de instituciones con competencias concurrentes en la conservación de la biodiversidad, obliga a crear instancias que coordinen la actuación de los distintos sectores en la materia y a otorgarles un papel hegemónico.

Este es el caso del MINAM, el mismo que se constituye en la entidad responsable, justamente, de la coordinación intersectorial en materia de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. Como tal, se le otorgan las funciones de coordinar las medidas y acciones necesarias orientadas a la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica con las autoridades sectoriales con competencias específicas en la materia. Su ámbito de competencia se hace extensivo también a aquellas autoridades e instituciones que sin tener responsabilidades específicas en la materia, influyen en ella. En ese sentido, la ley de creación del MINAM establece a este como el organismo del Poder Ejecutivo rector del sector ambiental, que desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la política nacional del ambiente. Asimismo, cumple la función de promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas.

A su vez, existe la Comisión Nacional de Diversidad Biológica (CONADIB) como una instancia consultiva de asesoramiento y concertación sobre la biodiversidad. Su composición es de carácter multisectorial e interdisciplinario, con representación de los ministerios, organismos públicos descentralizados, sector privado, sector académico, organismos no gubernamentales y pueblos indígenas. Este organismo tiene como competencia principal la propuesta, recomendación y concertación de acciones y medidas que den cumplimiento a lo establecido en la legislación ambiental sobre conservación de la diversidad biológica, incluidos el CDB y la ENDB. En concreto, se le otorgan las funciones de apoyar los procesos de planificación, definir las posiciones nacionales en materia de diversidad biológica para las negociaciones correspondientes al CDB (punto focal nacional) y otros acuerdos, promover procesos de concertación entre los sectores público y privado, y coordinar y proponer orientaciones de carácter político y técnico en relación con la efectiva implementación de las normas referidas, entre otras materias.

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