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Lunes, Octubre 23, 2017
   
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EL TRATADO INTERNACIONAL SOBRE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA DE LA FAO

El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y Agricultura de la FAO fue adoptado  el 3 de noviembre del 2001 durante la trigésimo primera conferencia de la FAO, con la abstención de Estados Unidos y Japón. Dicho tratado, también conocido como el Tratado Internacional de la FAO (FAO, 2001), es el resultado final del proceso de revisión del Compromiso Internacional sobre Recursos Fitogenéticos adoptado en 1983, el mismo que consagró el principio de los recursos genéticos como «patrimonio común de la humanidad ». A la luz de la adopción del CDB y sus nuevas reglas y principios en materia de acceso y distribución de beneficios, la Conferencia de las Partes de 1993 explícitamente solicitó a la FAO, mediante la resolución 7/93, dar un espacio a la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, con el fin de iniciar este proceso de revisión del compromiso, especialmente en relación con el tema del acceso en términos mutuamente convenidos y los derechos del agricultor. Esta revisión concluye con la adopción del Tratado Internacional de la FAO.

Los contratos o acuerdos de transferencia de material (MTA), que son parte del Tratato Internacional de la FAO, constituyen la herramienta básica que será utilizada para regular y controlar el movimiento y la transferencia de estos recursos (artículo 12 inciso 4). En la primera reunión del órgano rector del tratado, se determinaron las características de este MTA y cómo se distribuirían los beneficios previstos en el tratado. Entre las disposiciones del Tratado Internacional de la FAO con respecto a la distribución de beneficios, se toma en cuenta el caso en que se obtenga un producto comercial utilizando recursos fitogenéticos. En ese sentido, el tratado prevé el pago de una parte equitativa de los beneficios monetarios resultantes, siempre que el producto no pueda ser utilizado sin restricción por otros para la investigación y el mejoramiento ulterior. Si otros pueden utilizarlo, el pago es voluntario. Estos pagos forman parte del mecanismo de financiamiento del tratado cuyo principal objetivo es ayudar a los países en desarrollo y con economías en transición a utilizar los recursos genéticos.

En materia de propiedad intelectual, el tratado establece que no se concederán derechos de propiedad intelectual o de otra índole que limiten el acceso facilitado a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, o sus partes o componentes genéticos, en la forma recibida del sistema multilateral (artículo 12 inciso 3). Este es un punto extremadamente complejo del tratado, en la medida en que no queda del todo claro si podrían concederse derechos sobre materiales componentes del mismo de manera distinta de la recibida del sistema y en qué consistiría exactamente esta diferencia.

Un tema importante y de gran trascendencia para la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos fitogenéticos es el reconocimiento en el artículo 9 del Tratado Internacional de la FAO de los Derechos del Agricultor. En este artículo, se establece la obligación de los gobiernos nacionales de tomar las medidas pertinentes para poder implementar y hacer realidad estos derechos. Los Derechos del Agricultor forman parte del reconocimiento a la labor realizada por los agricultores en la conservación, mantenimiento y difusión de los recursos fitogenéticos. En ese sentido, la resolución 2/2007 del órgano rector del tratado, sobre la «Aplicación del artículo 9 del tratado: Derechos del Agricultor», llama a los países miembros a investigar y crear medidas para la implementación de estos derechos en el mundo.

Con fecha 29 de octubre de 2010, se adoptó el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Distribución Justa y Equitativa en los Beneficios,  que establece un conjunto de principios y normas vinculantes que regulan el flujo de los recursos genéticos alrededor del mundo. El Protocolo incluye mandatos importantes relacionados con la incorporación de los “productos derivados” dentro de su ámbito de aplicación, la necesidad que los países usuarios adopten medidas tendentes a satisfacer los intereses de los países tradicionalmente proveedores de recursos (pe. medidas de protección defensiva, cumplimiento de legislación nacional en jurisdicciones foráneas) y mecanismos de seguimiento y monitoreo al movimiento de los recursos genéticos. 

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