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Lunes, Diciembre 18, 2017
   
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¿EN QUÉ CASOS SE PRESENTA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL?

Tal como en el caso del reglamento ambiental minero, el reglamento ambiental para electricidad es previo a la ley del sistema nacional de evaluación del impacto ambiental, motivo por el que se regula el EIA sin identificar categorías.

En el caso de la solicitud de una concesión definitiva, se deberá presentar un EIA ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Se requiere una concesión para los siguientes casos:

a. La generación de energía eléctrica que utilice recursos hidráulicos, con potencia instalada mayor de 500 Kw.

b. La transmisión de energía eléctrica, cuando las instalaciones afecten bienes del Estado y/o requieran la imposición de servidumbre por parte de este.

c. La distribución de energía eléctrica con carácter de servicio público de electricidad, cuando la demanda supere los 500 Kw.

d. La generación de energía eléctrica con recursos energéticos renovables conforme a la ley de la materia, con potencia instalada mayor de 500 Kw.

No obstante, además debe tenerse en cuenta que el reglamento ambiental hace referencia a un tipo específico de concesiones, que son las  definitivas. De acuerdo con el decreto ley 25844, la concesión definitiva permite utilizar bienes de uso público y el derecho de obtener la imposición de una servidumbre para la construcción y operación de centrales de generación y obras conexas, subestaciones y líneas de transmisión, redes y subestaciones de distribución para servicios públicos de electricidad. En consecuencia, las actividades eléctricas sometidas al proceso de evaluación de impacto ambiental son las indicadas en los incisos a., b. y c. siempre y cuando requieran para su ejecución, la utilización de bienes de uso público o la imposición de una servidumbre.

Asimismo, los sistemas eléctricos que se encuentren en operación deberán presentar un EIA para los casos en los que se considere una ampliación de sus instalaciones en más del 50% de su capacidad instalada y/o un incremento en un 25% de su nivel actual de emisiones y/o que involucre la utilización de nuevas áreas. Por coherencia, debe entenderse que esta ampliación debe recaer sobre las actividades comprendidas en los incisos a., b. y c. o sobre actividades que debido a la ampliación quedan comprendidas en dichas categorías; de otro modo, se rompería el esquema de la norma, que se basa por un lado en la magnitud de las operaciones y, por el otro, en la posible afectación de bienes del Estado o de terceros.

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