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Lunes, Octubre 23, 2017
   
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LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ACTIVIDAD DE HIDROCARBUROS

Otro tema de gran relevancia y discusión es el referente a la participación de las poblaciones indígenas y locales en el proceso de evaluación del EIA.

Los procedimientos, han sido históricamente cuestionados por su incapacidad de generar la información adecuada y de garantizar que las posiciones de los consultados sean debidamente evaluadas y eventualmente consideradas. Ello ha llevado a que se cuestionen dichos procedimientos y se exija un proceso de consulta real, al amparo de lo dispuesto por el Convenio 169 de la OIT del cual el Perú es Parte.

Para subsanar las omisiones en la participación, el sector de energía y minas, promulgó el año 2008 dos reglamentos de participación ciudadana, uno para hidrocarburos y otro para minería, respectivamente. No cabe duda alguna que en el Perú estos reglamentos sectoriales de participación ciudadana son los más avanzados en esta materia; no obstante, en la práctica parecen ser insuficientes al no haber generado en la población confianza sobre sus efectos, lo que se deriva de que el propio sector no haga uso de las herramientas disponibles en sus propios reglamentos, limitando su efectividad.

Ello se confirma cuando se verifica que Perupetro no cumple su función y no garantiza la participación ciudadana durante la etapa de concurso y negociación conforme lo dispone el propio reglamento que textualmente señala que «compete a PERUPETRO S.A. conducir el proceso de Participación Ciudadana de las áreas en las cuales se esté negociando o concursando para la suscripción de un Contrato de Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos.»

Es interesante mencionar que aun cuando estos reglamentos intentaron ser presentados como las normas que desarrollaban la consulta al amparo del Convenio 169 de la OIT, ello ha sido rechazado por la comisión de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones de la OIT.

Actualmente, de acuerdo a lo establecido por el reglamento de participación ciudadana para actividades de hidrocarburos, el proponente y la DGAAE deben realizar talleres informativos en el área de influencia del proyecto, debiendo la DGAAE informar el objeto del evento a la población, mientras que la autoridad regional deberá exponerles sus derechos y deberes, así como la normatividad ambiental y de participación ciudadana. Sin embargo, ello resulta extemporáneo porque el EIA deriva de un contrato vigente, celebrado sin participación previa, lo que genera una pérdida de confianza que difícilmente pueda ser reconstruida en los talleres informativos. Si bien es cierto que la información siempre resultará beneficiosa, esta no reemplaza a la necesaria consulta previa; las poblaciones rechazan ser informadas sobre proyectos que previamente han trasgredido sus derechos.

En ese sentido y con la finalidad de preservar los derechos de los pueblos indígenas y evitar los inconvenientes descritos en párrafos precedentes, se promulgó la Ley 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicada en el 2011. Por medio de esta ley el Estado está obligado a asumir acciones coordinadas con los pueblos indígenas para la protección de sus derechos. Esto pasa por: 1) establecer mecanismos que permitan realizar una adecuada y eficaz consulta a los pueblos indígenas desde el momento que los lotes de hidrocarburos a ser ofertados son dibujados; 2) establecer mecanismos eficientes de participación en los beneficios para los pueblos indígenas o asegurar esta participación mediante los mecanismos ya existentes; 3) indemnizar de manera equitativa a los pueblos indígenas por los daños causados, es decir, igualar por lo menos, los costos originados por esos daños.

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