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Domingo, Octubre 22, 2017
   
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DELIMITACIÓN DE LOS LOTES DE HIDROCARBUROS

Perupetro S.A., de acuerdo a ley, es la autoridad competente de ofertar y negociar lotes de hidrocarburos, para lo cual publica regularmente un mapa del Perú señalando los lotes de hidrocarburos que se encuentran disponibles para futuros contratos. Esta manera gráfica de presentar los lotes, no responde sin embargo a un procedimiento administrativo previo, ni tampoco está sometido a aprobación legal alguna. No deriva de un proceso de consulta y no genera responsabilidad administrativa a cargo de quiénes lo elaboran. Ello por dos motivos centrales: (i) Perupetro es una empresa pública de derecho privado, por lo que no se constituye en una dependencia del Estado peruano, y (ii) porque estos lotes, una vez asignados, se someten a un largo procedimiento en el que muchos meses después recién se aprueba un decreto supremo estableciendo su nomenclatura y delimitación. Dicho de otra manera, el mapa de lotes en licitación de Perupetro no está en el mundo del derecho, está en el mundo virtual.

¿Tiene lo señalado alguna consecuencia?. Definitivamente sí.

En primer lugar, esta etapa del proceso es manejada internamente entre Perúpetro y el MEM, sin coordinación con otras entidades gubernamentales ni la participación de la sociedad civil. Es así que, los problemas de superposición de lotes petroleros con otros usos del territorio, tienen un punto de partida en la ausencia de mecanismos de coordinación en esta primera etapa de las actividades de hidrocarburos. Ello, a su vez, genera que los gráficos de los lotes no muestren información detallada de lo que pasa en el campo, exponiendo innecesariamente a operadores interesados a enfrentarse a propietarios, posesionarios, titulares de otros derechos, autoridades locales, entre muchos otros actores.

Un problema adicional es que los lotes son de gran extensión y, especialmente los ubicados en la Amazonía, se superponen a tierras comunales, de pobladores que no han sido consultados sobre la eventual afectación a sus derechos. Es como que uno vea en el diario que aparece un proyecto de carretera negociándose para pasar encima de viviendas, sin previa consulta, expropiación y pago de una compensación a manera de justiprecio. Entonces, ello es la chispa inicial del conflicto. Los titulares de derechos se sienten amenazados y disminuidos en sus derechos. Adicionalmente, quien grafica estos lotes y los oferta, no asume ninguna responsabilidad administrativa, porque no es representante del Estado, ni funcionario público.

A ello se suma la posición actual de Perupetro. Se considera que en el proceso entre la gráfica del lote, la oferta pública, la negociación, el decreto supremo y el contrato, Perupetro no tiene ninguna obligación legal ambiental que cumplir. Este resulta ser un argumento débil en todo sentido, pues no sólo es una acto arbitrario respecto a derechos preexistentes de terceros, sino que Perupetro puede llegar a ofertar lotes con limitaciones socio-ambientales, convirtiendo las adjudicaciones en actos jurídicos de imposible materialización, con una consecuente afectación a inversionistas de buena fe y a la seguridad jurídica de los contratos en el Perú.

Este tema se seguirá debatiendo en tanto el procedimiento no se modifique y en tanto no haya un verdadero proceso de consulta.

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