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Martes, Octubre 24, 2017
   
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EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

La necesidad de un acuerdo global sobre la diversidad biológica que reuniera las directrices y orientaciones imprescindibles para la conservación de la biodiversidad y la utilización sostenible de los recursos biológicos de la Tierra, fue una de las preocupaciones de los expertos ambientalistas y de las organizaciones internacionales durante la década del ochenta. Dichos esfuerzos tomaron forma en el grupo de trabajo ad hoc que se constituyó en 1987 bajo el patrocinio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

En el mencionado grupo de trabajo, se constató la necesidad de crear un tratado marco que tuviera una aproximación comprehensiva de la conservación de la diversidad biológica y que recogiera los avances que, hasta la fecha, se habían producido con carácter sectorial mediante tratados específicos de conservación de la biodiversidad (como el Convenio sobre Especies Migratorias, la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Mundial, el Convenio sobre el Comercio de Especies en Peligro, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre – CITES, y el Convenio para la Protección de Humedales – RAMSAR).

Los avances del mencionado grupo de trabajo fueron objeto del proceso formal de negociación que se inició en 1991 en el seno del Comité Intergubernamental de Negociación del CDB y, que concluyó con la adopción final de dicho documento el 22 de mayo de 1992 en Nairobi. Posteriormente, el 5 de junio de 1992, el CDB fue firmado por 150 países en el seno de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) celebrada en Río de Janeiro. Este instrumento normativo internacional entró en vigor el 29 de diciembre de 1993.

La aprobación del CDB tuvo como consecuencia el que, por primera vez, la diversidad biológica fuera abordada desde una perspectiva integral y que, también por primera vez, la diversidad genética se tratase en forma específica en un tratado global vinculante. Así, el CDB no se limita exclusivamente a la regulación de la conservación de la diversidad biológica perse y a la utilización de los recursos biológicos, sino que se extiende a detallar ámbitos como el acceso a los recursos genéticos, la participación en los beneficios derivados de la utilización de material genético y el acceso a tecnologías, incluida la biotecnología.

El carácter marco del CDB también se manifiesta en los principios y objetivos sobre los  que se sustenta el resto de sus disposiciones: las normas que contiene se expresan en términos de metas y políticas generales más que de obligaciones específicas, y su objetivo principal radica en impulsar los procesos nacionales para la adopción de decisiones que conlleven a su cumplimiento. En este sentido, el CDB se sustenta en dos pilares básicos, como son el establecimiento de unas prioridades claras de conservación y de uso sostenible de la diversidad biológica, y la definición de unos lineamientos de acción a ser desarrollados por los Estados parte.

De esta forma, el artículo 1 del CDB establece que son sus objetivos prioritarios la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Estos objetivos se constituyen en un punto de referencia para la adopción de acciones y decisiones tendentes a la aplicación del convenio en el ámbito estatal. Más adelante se analizarán las formas en que se llevará a cabo la participación en los beneficios: un acceso adecuado a los recursos genéticos, una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes y una financiación adecuada.

El CDB, además de reconocer la conservación de la diversidad biológica como un «interés común» de la humanidad, establece por primera vez el derecho soberano de los Estados sobre sus recursos biológicos, teniendo estos la posibilidad de explotarlos de acuerdo con sus propias políticas ambientales.

El ejercicio de la mencionada soberanía conlleva, no obstante, la imposición de una serie de obligaciones para los Estados, que se encuentran detalladas en el propio convenio. Así, los Estados tienen la obligación de:

a. Desarrollar planes y estrategias nacionales para integrar la conservación y la utilización sostenible.
b. Identificar los componentes importantes de la diversidad biológica y las prioridades que pudieran requerir medidas de conservación especiales.
c. Adoptar medidas para la conservación insitu como, por ejemplo, el establecimiento de áreas naturales protegidas o la rehabilitación de sistemas degradados.
d. Adoptar medidas para la conservación exsitu, a fin de complementar las medidas para la conservación in situ.
e. Comprometer a la administración de sus recursos biológicos de forma que se garantice la utilización sostenible de los mismos.
f. Reconocer el rol de las comunidades indígenas y locales en la conservación de la diversidad biológica, promover el mantenimiento de sus conocimientos y prácticas y garantizar que los beneficios derivados del uso de sus conocimientos e innovaciones sean compartidos equitativamente.
g. Fomentar la investigación, educación y capacitación en la conservación de la diversidad biológica y en la utilización sostenible de sus componentes.

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