El reglamento de protección ambiental para las actividades de hidrocarburos, siguiendo parcialmente algunas de las directivas del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la OIT, establece que cuando un proyecto pueda afectar a comunidades nativas o campesinas se incluirán en el EIA las medidas necesarias para prevenir, minimizar o eliminar los impactos negativos sociales, culturales, económicos y de salud.

Al respecto, es necesario señalar que existe el reglamento de participación ciudadana para la realización de actividades de hidrocarburos, aprobado mediante decreto supremo 012-2008-EM, el mismo que precisa los plazos y trámites de este procedimiento de participación pública.