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Sábado, Diciembre 16, 2017
   
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EL TRATAMIENTO LEGAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS RECURSOS NATURALES

El tratamiento legal de los derechos de los pueblos indígenas tiene una larga historia en el Perú que se remonta a las primeras décadas del siglo pasado. Los textos constitucionales de 1920 y 1933 se referían a comunidades indígenas o comunidades de indígenas. Es con posterioridad, entre la década de los años 60 y 70 del siglo pasado, que se introduce el tratamiento legal de comunidades nativas y comunidades campesinas, lo que queda confirmado en el texto constitucional de 1979. En muchos casos, en relación a los derechos que corresponden a estas, los textos legales tienen más de 30 años de vigencia, con numerosas modificaciones que han en algunos casos complementado, pero en otras desnaturalizado la norma original.

Con la ratificación del Convenio 169 de la OIT por el Perú en 1994, con la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, del cual el Perú forma parte y como resultado de los avances internacionales sobre la materia, el tratamiento legal que sobre el tema tiene el Perú, requiere de una urgente modificación.

Es por ello que en el Congreso de la República existen numerosos proyectos de ley sobre la materia; son 27 para ser más exactos, lo que ha llevado a la elaboración en mayo de 2009 de un dictamen conjunto, que plantea un texto sustitutorio a estos proyectos bajo el nombre «ley marco de los pueblos indígenas u originarios del Perú».

Este proyecto que recoge principios de territorialidad, preexistencia, pluriculturalidad e interculturalidad, contiene preceptos en relación a los derechos de los pueblos indígenas sobre el territorio que ocupan y los recursos naturales ubicados en el mismo, planteando propuestas, en el caso del territorio, de inembargabilidad, imprescriptibilidad e inalienabilidad. El proyecto plantea a su vez el derecho de estas poblaciones sobre los recursos naturales que puedan encontrarse en el suelo o subsuelo que sean necesarios para su subsistencia o prácticas culturales y religiosas, comprendiendo dicho derecho, el de participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.

Bajo el esquema del Congreso de la República, se estima que el referido proyecto sea discutido en la segunda legislatura ordinaria del año 2009 (marzo-junio de 2010).

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