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Sábado, Diciembre 16, 2017
   
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EL ACCESO A LOS RECURSOS NATURALES Y LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES

Otro importante elemento que se ha acentuado en los últimos años, justamente a raíz de los procesos de explotación de recursos naturales en diferentes regiones del país, son los conflictos socio-ambientales. Continuamente se repiten y suceden tensiones y en ocasiones conflictos abiertos entre, por un lado, pobladores locales (muchas veces comunidades nativas o campesinas) que buscan defender y cautelar sus derechos e intereses relacionados principalmente con las fuentes de agua, la agricultura y el entorno natural, y por el otro, empresas que pretenden hacer algún tipo de explotación económica en la zona. Como actor escasamente presente se encuentra el Estado, que no tiene claro cómo intervenir, y cuando lo hace, su acción resulta extemporánea, tardía y en muchos casos acentúa el problema.

La Oroya, Bagua, Tambogrande y Cerro Quilish son solamente algunos de los ejemplos más notables de este tipo de conflictos. Como factor crítico de los mismos, se encuentra la definición (o indefinición) de derechos y, especialmente, la incapacidad del Estado (incluidas las autoridades locales y regionales) de generar procesos de concienciación y acompañamiento respecto de las pretendidas explotaciones e inversiones, para conciliar intereses y aminorar temores, muchas veces infundados, exacerbados por consideraciones de política local y no necesariamente técnicas.

Hoy por hoy, se hace indispensable contar con una fuerte presencia de la autoridad pública, debidamente informada y en capacidad de acompañar a las poblaciones en estos procesos. Esto incluye fortalecer las capacidades de fiscalización y monitoreo de las autoridades ambientales (incluido el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del MINAM) y, especialmente, llevar adelante procesos adecuados de consulta a los pobladores.

Por otro lado, la forma como constitucionalmente se garantiza el acceso a los recursos naturales y el concepto de «dominio eminencial» muestran cierta complejidad cuando se los pretende aplicar al territorio amazónico, en donde numerosos grupos indígenas reclaman el acceso a los recursos naturales ubicados en sus tierras bajo formas de autonomía, lo que merecería una reforma constitucional. La relación jurídica de las comunidades nativas con el bosque se da a través de lo que se denomina «cesión en uso», lo que genera temor en los grupos indígenas por no constituir una forma legal que otorgue seguridad jurídica.

Los recientes conflictos han generado el inicio de un debate sobre la forma en que se accede a los recursos naturales y la relación entre los derechos sobre la superficie y los derechos sobre el subsuelo.

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