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Domingo, Agosto 25, 2019
   
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Respecto de la titulación de predios rurales de comunidades, hay múltiples tareas pendientes para poder contar con un catastro nacional de derechos de propiedad debidamente y actualizado.

En lo referente a los predios rurales, uno de nuestros principales retos es la transferencia de funciones y competencias a los gobiernos regionales para realizar los procedimientos de formalización, así como la inclusión de herramientas de gestión tales como la zonificación ecológica económica para un adecuado ordenamiento territorial. Es importante identificar cómo aplicarán los gobiernos de las regiones los procedimientos establecidos por COFOPRI o si estos se modificarán en función a las distintas realidades regionales. Corresponderá a estos gobiernos identificar las necesidades de su jurisdicción y tratar de ordenarlas. El gran reto es frenar los procesos migratorios y la fuerte pérdida de recursos que ellos generan, sin vulnerar el derecho de todo ciudadano a contar con títulos de propiedad sobre las áreas que ocupa.

Asimismo, en función a la vocación de nuestros suelos y a los fuertes procesos migratorios que sufre nuestra Amazonía, ya sea en la búsqueda de una mejor condición de vida o por la presencia de proyectos de infraestructura (como las carreteras), es recomendable analizar la posibilidad de incorporar otras formas de acceder a la propiedad en la Amazonía. Actualmente, solo se permite acceder a la propiedad rural en áreas agrícolas, lo que incentiva al agricultor a transformar el suelo, promoviendo el desbosque. Considerando la dinámica de nuestro país, una posibilidad es la de incorporar sistemas agroforestales debidamente regulados a fin de evitar la pérdida de recursos y el constante cambio de uso de los suelos.

Otros importantes retos son la solución de los conflictos que genera la superposición de derechos debido a los diversos mecanismos de adjudicación utilizados en nuestro país, así como la rectificación de los títulos de acuerdo a la realidad de las áreas, todos ellos para contar con un catastro actualizado de la propiedad rural en el Perú.

En lo que se refiere a las CC, la situación es bastante compleja. Por un lado, hay conflictos internos por su falta de institucionalidad. Por ejemplo, existen comunidades con directivas comunales cuyos mandatos no están inscritos en Registros Públicos, lo que impide la suscripción de las actas de colindancia y/o las actas de ratificación con la validez que solicita esta última entidad. Asimismo, cuando surgen discrepancias entre comunidades o con propietarios privados sobre la colindancia de sus territorios, estos conflictos se derivan inmediatamente a la vía judicial, lo que representa una serie de gastos para las comunidades. Esta situación plantea la necesidad de contar con mecanismos administrativos que ayuden a solucionar los conflictos, dejando la vía judicial como la última opción de una gama de posibilidades para llegar a un acuerdo.

Debemos resaltar también la necesidad de contar con un catastro de comunidades a fin de proteger estos territorios, ya que no se sabe con exactitud cuántas comunidades tituladas tienen sus títulos en regla (lo cual incluye que muchas de ellas no cuentan con planos georreferenciados ni con coordenadas UTM). Esta falta de información no solo propicia la venta fraudulenta de tierras comunales, sino también el desconocimiento de los propios comuneros respecto de sus territorios y los derechos que tienen sobre ellos.

En lo que respecta a las CN, hay diversos vacíos de información. Por ejemplo, no se cuenta con un estudio oficial que determine el número de CN que existe en el territorio nacional y cuál es la situación de sus procesos de econocimiento, titulación o ampliación de territorio. Esto ocasiona que aparezcan constantemente nuevas poblaciones que se autodenominan comunidades, que buscan explotar los recursos de los territorios pretendidos, perjudicando con ello a las CN.

Asimismo, la falta recursos económicos asignados para la demarcación y titulación de los territorios de las CN ha originado que no se posea un catastro, lo que incrementa los conflictos sociales originados por la invasión de colonos, la superposición de derechos entre comunidades, poblaciones rurales y concesiones forestales, entre otros motivos.

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