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Martes, Junio 18, 2019
   
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MARCO GENERAL

En lo referente a los predios rurales, debemos empezar precisando que hasta la década del sesenta la distribución de las áreas agrícolas en el Perú tenía como característica fundamental la concentración de la tierra en muy pocos propietarios (se calcula que el 90% de las tierras de uso agrícola eran de propiedad de apenas el 5% de los propietarios). Por otro lado, la situación social en el campo venía siendo cuestionada desde distintos frentes, dada las terribles condiciones de vida de los campesinos.18

En este contexto, con la reforma agraria y el decreto ley 17716, ley de reforma agraria de 1969 promulgada durante el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado —de tendencia fundamentalmente socialista—, se eliminó la posibilidad de incorporar las tierras al mercado para su traspaso, estableciéndose que la propiedad de la tierra no era transferible. De esa manera, se descartó la inversión de empresas con fines de lucro en el agro, promoviéndose  la creación de empresas asociativas bajo un régimen de propiedad colectiva. Es evidente que la reforma agraria se orientó a reivindicar los derechos de las comunidades campesinas (CC), desapareciendo los grandes latifundios y organizando el mercado de tierras sobre la base de la idea de colectividad.

Sin embargo, con el final del régimen militar y la promulgación de la Constitución Política de 1979, el gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry dictó la llamada «ley de desarrollo agrario», mediante el decreto legislativo 002. Entre las disposiciones más notorias de dicha norma se encontraba la aprobación de la parcelación de las unidades agrícolas a favor de campesinos individuales. Con ella se dividió una gran cantidad de tierras que habían sido previamente adjudicadas a las empresas asociativas durante la reforma agraria.

A partir de 1990, bajo el mandato del presidente Alberto Fujimori, se inició un proceso de liberalización de la propiedad de la tierra mediante dispositivos legales orientados a generar un mercado de tierra, atraer inversión, permitir la libre transferencia de propiedades y culminar los procedimientos de adjudicación y titulación.

En este contexto, en 1991 se emitió el decreto legislativo 653, ley de promoción de las inversiones en el sector agrario, el cual derogó el decreto ley 17716. A su vez, se dispuso culminar las acciones de catastro y titulación para la inscripción de los predios rústicos de todo el territorio nacional que habían sido adjudicados en la reforma agraria, identificándose así la necesidad de contar con un organismo especializado que pudiese realizar estas actividades. Ello generó que en 1992 se creara el PETT.

El decreto legislativo 653 precisó que se realizaría la adjudicación de tierras rústicas a cualquier persona natural o jurídica, a título oneroso, mediante un contrato de compra-venta con reserva de propiedad hasta la cancelación total del precio. Se resaltaba, además, que en el caso de las tierras con aptitud forestal, estas se regirían por la ley sobre la materia. Debemos precisar aquí que la normatividad forestal vigente en ese momento (ley forestal y de fauna silvestre, decreto ley 21147) establecía que las tierras cuya capacidad de uso mayor era forestal, no podían ser utilizadas con fines agropecuarios, cualquiera fuera su ubicación en el territorio nacional. Sin embargo, los contratos otorgados en el marco del decreto legislativo 653 tenían como obligación principal el cumplimiento de labores agrarias, de cultivo o pastoreo en los predios adjudicados, sea cual fuera su ubicación, lo que generó el inicio de la cadena de promoción de  actividades agrícolas en suelos forestales y, por ende, el roce y quema para acceder al derecho de propiedad.

Posteriormente se emitió el decreto legislativo 667, ley de registro de predios rurales. Este decreto y las normas modificatorias (decreto legislativo 889, ley 2683819 y ley 2716120) crearon el Registro de Predios Rurales, en el que deben inscribirse, entre otros, el derecho de propiedad y el derecho de posesión de predios rústicos.

En este marco fue que, en 1994, se suspendió la aplicación del decreto legislativo 653 para efectos de la titulación de predios rurales por el lapso de cinco años, estableciéndose que la titulación y registro de dichos predios se efectuaría de acuerdo a las disposiciones del decreto legislativo 667. Actualmente el decreto legislativo 653 se encuentra vigente y se aplica principalmente en la adjudicación de predios eriazos.

Es importante mencionar que la emisión de estas normas pretendía generar un mercado ágil de tierras agrícolas, a fin de darle valor a las mismas para mejorar las condiciones de vida de los agricultores. Esto se vio reforzado con la promulgación de la Constitución Política del Perú de 1993, marcándose la orientación hacia el mercado y la promoción de la inversión privada en el sector agrario, y estableciéndose que el Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario y garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquier otra forma asociativa.

El 18 de agosto de 1996 se publicó el decreto legislativo 838 que suspendió la adjudicación a titulo oneroso de tierras rústicas en las zonas de economía deprimida de la sierra, ceja de selva y selva, hasta el 31 de diciembre del 2000, con la finalidad de promover la reincorporación de la población desplazada por la violencia terrorista.

Debido a la fuerza con la que golpeó el terrorismo a nuestro país, se generó un fenómeno migratorio desde la selva y la sierra hacia la costa, lo que originó que la población rural abandonara las áreas que venía ocupando con el fin de salvaguardar su vida. Por esta razón, habiéndose mitigado la violencia terrorista, se promovió el retorno de esta población a sus lugares de origen, incentivándola con la titulación gratuita e inmediata de las áreas donde se ubicase, razón por la cual la norma se aplicó únicamente entre los desplazados retornantes. En este caso, la adjudicación se efectúo sin la exigencia de un período mínimo de ocupación para las personas naturales que fueron calificadas como beneficiarias de la reforma agraria mediante resolución administrativa firme, y para las personas naturales sobre las áreas donde se desarrollaban actividades productivas en forma directa, continua, pacífica y pública durante un período mayor de un año. La posesión podía acreditarse con la declaración de los colindantes y documentos preconstituidos, tales como el plan de cultivo y riego, el certificado de posesión u otros que la demostrasen. Actualmente ha culminado el periodo de aplicación del decreto legislativo 838.

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18     Información obtenida en la web del MINAG: www.minag.gob.pe

19     Norma que modifica el artículo 23 y capítulo V de la ley del Registro de Predios Rurales (decreto legislativo 667), pub. 10/07/97.

20     Ley modificatoria y ampliatoria de la ley del Registro de Predios Rurales, decreto legislativo 667, pub. 05/08/99.

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