De acuerdo con la PNA, los recursos hídricos en el Perú se distribuyen de manera muy heterogénea en el territorio nacional, marcándose la diferencia entre la demanda y la oferta en las regiones de la costa (con un 2% por el lado de la demanda y un 55% de la población nacional ubicada en esa región), la relativa abundancia del recurso en la selva, con poca densidad poblacional, y un recurso hídrico asociado a un bioma amazónico con las complejidades del caso.

El problema de la cantidad de agua se agrava aún más con los impactos negativos que puede tener el cambio climático en las cuencas proveedoras de recursos hídricos. Si bien es cierto que en un primer momento estos impactos podrían significar un aumento en los caudales (por ejemplo, por el deshielo de los glaciares en la región andina), a mediano y largo plazo el problema de abastecimiento se pronostica como dramático. Esto constituye una de las razones por las que el Perú ha sido considerado uno de los 10 países más propensos a sufrir impactos negativos por el cambio climático.

Las nuevas inversiones en agricultura o energía deben tomar en cuenta este contexto para ser asertivas en el manejo de los recursos hídricos de los cuales se valen para desarrollar las actividades; de lo contrario, podrían causar impactos negativos y/o convertirse en inviables por falta de sostenibilidad.

Asimismo, se pone en relieve el deterioro de la calidad del agua como uno de los problemas ambientales más graves del Perú relacionado con los vertimientos industriales y domésticos sin tratamiento, el uso indiscriminado de agroquímicos, el de insumos químicos para la producción de drogas y la minería informal.

A lo largo de los años, estos problemas vienen siendo la causa de los principales conflictos ambientales en el Perú, en tanto estas actividades económicas, de manera directa o indirecta, afectan el derecho de las personas de vivir en un ambiente sano y equilibrado para el desarrollo adecuado de su vida, sobre todo respecto de un recurso consagrado como vital, como es el caso del agua dulce.

En este escenario, ha sido una exigencia de los últimos lustros, en específico desde la aprobación del Código del Medio Ambiente y la aparición de las leyes especiales sobre recursos naturales en el marco de la ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, que el marco normativo relativo a los recursos hídricos se modernice y cuente con los elementos necesarios para generar un desarrollo sostenible a partir del uso adecuado de los recursos hídricos, y también para mejorar el control efectivo sobre las actividades que ponen en riesgo su calidad, deteriorando la salud ambiental.

Desde la década del noventa, varias iniciativas para reformar el decreto ley 17752 (del año 1969) se sucedieron sin un final fructífero, debido a diversos acontecimientos que truncaron la aprobación de una nueva ley de aguas. En ese sentido, la promulgación de la ley 29338 marca un hito importante que merece ser analizado con detalle.