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Jueves, Diciembre 14, 2017
   
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TEMAS ACTUALES EN DEBATE

La creación del MINAM en mayo del año 2008 fue el resultado de la voluntad política expresada al más alto nivel institucional en el país, más propiamente hablando, el presidente de la República, más ello no la eximió de los debates habituales sobre las competencias que debían asignársele.

El debate giró fundamentalmente en torno a la gestión de determinados recursos naturales, tales como el agua y los bosques. A su vez, se debatió sobre el rol de fiscalización que debía corresponderle al MINAM.

Debe tenerse en cuenta que este debate se produjo en el contexto de un proceso de descentralización que se refleja en gobiernos regionales con mayores competencias en materia ambiental.

En ese contexto, al MINAM no se le dieron funciones en relación con los bosques, pero posteriormente se le otorgaron competencias en relación con los servicios ecosistémicos. No se le dieron funciones en relación con el agua, pero sin embargo forma parte importante del Sistema Nacional de Recursos Hídricos y este, a su vez, integra el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. No se le dieron funciones directas de fiscalización en temas sectoriales, pero se creó el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para fiscalizar temas ambientalmente transversales.

Por su lado, no se estableció el mecanismo para el ejercicio descentralizado de funciones ambientales, pero el propio ministerio mostró su disposición a trabajar directamente con las gerencias regionales de medio ambiente y recursos naturales.

Este contexto determina un escenario no exento de discrepancias o superposiciones, por lo que el reto será consolidar las funciones del MINAM, precisando las tareas ambientales con mayor claridad y definiendo su ejercicio descentralizado.

Por su lado, en relación con los recursos naturales y el acceso a ellos, los eventos de conflicto y violencia ocurridos con posterioridad a la promulgación de un grupo de decretos legislativos para la implementación del tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, llevan a la necesidad de profundizar el debate sobre la manera de otorgar estos derechos y de facilitar su acceso a los particulares bajo reglas de transparencia y equidad.

Este debate se ha iniciado recientemente y lleva a resolver cuestiones tales como los derechos de las poblaciones indígenas sobre los recursos naturales de su entorno, la finalización de los procesos de titulación y la determinación del vínculo entre los derechos de la superficie y los del subsuelo, entre otros temas centrales.

Finalmente, en relación con la LGA y la política nacional del ambiente, el reto es reconocer que en ellas se incorporan una serie de principios, derechos e instrumentos que requieren una mayor concreción y materialización. Existen planes de acción orientados a fortalecer el marco legislativo y político ambiental y, especialmente, a consolidar al MINAM como la autoridad rectora de la política nacional ambiental, de cumplimiento obligatorio para todos los sectores, en todos los niveles de gobierno.

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