Las causales de extinción de los derechos de uso del agua, que determinan la reversión al Estado de los volúmenes otorgados, son:

a. La renuncia del titular, caducidad o revocación declarada por la ANA.
b. La nulidad del acto administrativo que lo otorgó, declarada por el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas.
c. Una resolución judicial consentida o ejecutoriada que disponga la extinción.

En el caso específico de la caducidad, encontramos las siguientes causales:

a. La muerte del titular del derecho.
b. El vencimiento del plazo del derecho de uso de agua.
c. La conclusión del objeto para el que se otorgó el derecho.
d. La falta de ejercicio del derecho durante dos años consecutivos o acumulados en un período de cinco años sin justificación, siempre que esta causal sea imputable al titular.

La extinción del derecho por revocación puede ser declarada por las siguientes causales:

a. La falta de pago de dos cuotas consecutivas de la retribución económica del agua por uso o vertimiento, de las tarifas de agua o de cualquier otra obligación económica con la autoridad nacional.
b. Cuando se destine el agua, sin autorización previa de la autoridad nacional, a un fin distinto para el cual fue otorgada.
c. Cuando el titular del derecho de uso de agua haya sido sancionado dos veces por infracciones graves.
d. La escasez del recurso, declarada formalmente por la autoridad nacional, o problemas de calidad que impidan su uso.

Para declarar la extinción de un derecho de uso de agua por caducidad, de oficio o a pedido de un tercero, la autoridad administrativa del agua debe instruir un procedimiento previo notificando a los interesados o posibles afectados; mientras que para aplicar las causales de revocación, se deberá seguir previamente el procedimiento sancionador establecido en el Reglamento. En ambos casos, el derecho de uso de agua subsiste en tanto no se declare la extinción mediante resolución firme.