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Martes, Junio 18, 2019
   
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LA CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES

Desde 1975, el Perú es país-parte de la Convención CITES, la cual tiene como objetivo proteger las especies de flora y fauna silvestres amenazadas y/o en vías de extinción por efecto del comercio internacional. Para tal fin, establece controles y seguimientos que buscan asegurar la supervivencia y el manejo sostenible de estas especies.

Para dichos efectos, la Convención CITES se apoya en tres apéndices que comprenden especies de flora y fauna silvestres en vías de extinción y/o amenazadas, además de aquellas que sin estar en vías de extinción o amenazadas son sometidas a reglamentación especial a solicitud de uno o más países-parte.

a. Apéndice I: comprende todas las especies en peligro de extinción a las que afecta o puede afectar el comercio. El comercio de estas especies debe estar sujeto a una reglamentación particularmente estricta y autorizarse solamente en circunstancias excepcionales.

b. Apéndice II: comprende todas las especies que, sin estar actualmente en peligro de extinción, podrían llegar a esa situación si es que su comercio no se sujeta a una reglamentación especial.

c. Apéndice III: comprende aquellas especies propuestas por alguno de los países-parte para una reglamentación especial por encontrarse en situación de peligro y/o amenaza dentro de su jurisdicción. La cooperación internacional, por tanto, resulta necesaria para proteger estas especies y lograr un adecuado control de su comercio.

De otra parte, la Convención CITES ha establecido un sistema mundial de control sobre el comercio internacional de las especies de flora y fauna silvestres así como de sus especímenes derivados. El control se efectúa a través de la expedición de los permisos y/o certificados CITES que son otorgados por los gobiernos. La expedición de dichos permisos tiene como finalidad impedir la evasión de las normas y el desplazamiento del comercio hacia países que no son parte de la Convención.

Los permisos y/o certificados manejados por la Convención CITES para autorizar la comercialización de las especies de flora y fauna silvestres son los siguientes:

a. Permiso de exportación: autoriza la salida legal de la especie que se solicita exportar. Este permiso es otorgado por el país de origen de la especie.

b. Permiso de importación: autoriza la introducción de la especie en un determinado país. Este permiso es otorgado por el país de destino de la especie.

c. Certificado de reexportación: se emite cuando la especie que se desea exportar ya ha sido exportada por lo menos una vez. Este permiso es otorgado por el país de salida de la especie.

d. Certificado de origen: es un documento utilizado para acreditar la procedencia y nacionalidad de las especies. Este certificado es otorgado únicamente por los países de salida de la especie que hayan incluido a la misma en el apéndice III.

e. Certificado para la introducción de especies procedentes del mar: se emite para el ingreso de especies hidrobiológicas en los cuerpos de aguas marítimos y/o continentales. Este permiso es otorgado por la autoridad administrativa del Estado de introducción.

Adicionalmente, la Convención CITES establece que los países-parte deben designar una autoridad administrativa y una autoridad científica CITES.

La autoridad administrativa es la responsable del cumplimiento de las disposiciones de la Convención y del otorgamiento de los permisos y certificados CITES.

La autoridad científica se encarga de proporcionar asesoramiento científico a la autoridad administrativa acerca de las solicitudes de permisos y certificados CITES, además de ciertas cuestiones comerciales y políticas. La función principal de la autoridad científica es poner en conocimiento de la autoridad administrativa si la exportación, y en algunos casos la importación, de una especie de flora y/o fauna silvestre será perjudicial para la supervivencia de la especie en su hábitat natural.

La Secretaría CITES tiene sede en Ginebra, Suiza, y se encarga de coordinar y prestar apoyo de todo tipo a los países-parte para la correcta aplicación de la Convención.

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