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Sábado, Diciembre 16, 2017
   
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MARCO GENERAL

Como disciplina jurídica, el derecho ambiental sigue siendo una disciplina relativamente joven en el Perú, pero en constante evolución y crecimiento. En el ámbito académico, son cada vez más las universidades —tanto públicas como privadas— que han incorporado la materia ambiental en la currícula del derecho. Además, son cada vez más los estudiantes que conforman los denominados «talleres de derecho ambiental» o que se matriculan en cursos denominados «clínicas jurídicas» en materia ambiental. Por su lado, en el ámbito profesional, los estudios de abogados que inicialmente incorporaron profesionales del derecho ambiental como una práctica defensiva frente a los conflictos que enfrentaban sus clientes, lo hacen ahora siguiendo el criterio de oportunidad que el aspecto ambiental representa. Este crecimiento también se da en las entidades del Estado, fruto de la creación de nuevos organismos directamente enfocados en el aspecto ambiental, como el Ministerio del Ambiente (MINAM), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entre otros, o como resultado del proceso de descentralización y fortalecimiento de la gestión ambiental regional y local.

En los ámbitos legal, institucional y político se han dado avances significativos, especialmente en las dos últimas décadas. Así, desde que en 1990 se dictó el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (CMA), este marco se ha visto enriquecido con un desarrollo legislativo general, en temas tales como los recursos naturales, la evaluación del impacto ambiental y la gestión ambiental pública; con avances sectoriales que incluyen reglamentos tales como los emitidos para las actividades mineras, eléctricas, industriales y de hidrocarburos; y con avances regionales, como las normas promulgadas sobre zonificación ecológica económica en la región de San Martín o los programas de conservación en el caso de Loreto. Finalmente, este avance se ha consolidado con la aprobación de la política nacional del ambiente el año 2009.

Así, el Perú ha pasado de ser un país que hasta finales de los años ochenta contaba con una legislación ambiental que era eminentemente sectorial y dispersa, en donde se carecía de un marco integrador que además de regular las conductas humanas, permitiese una gestión ambiental en los ámbitos estatal y privado, a ser un país con un marco legislativo cada vez más sistémico y sistemático, integrador de las distintas conductas humanas y sus impactos ambientales y con un marco institucional diseñado expresamente para su gestión.

Debe recordarse que recién a partir de 1990, con la promulgación del CMA y el impulso de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) celebrada en Brasil en 1992, se inicia en el Perú un desarrollo sistemático del derecho ambiental, con énfasis en la promoción del desarrollo sostenible.

El CMA cumplió la función de una ley general y sentó las bases iniciales de una política ambiental sustentada en los principios modernos de gestión ambiental que ya en ese entonces venían siendo discutidos y sistematizados con ocasión de estar preparándose la CNUMAD.

En la actualidad, contamos con un marco constitucional que reconoce lo ambiental como un derecho fundamental de las personas; con una ley general del ambiente que no solo ordena el marco institucional ambiental sino que establece las bases de la gestión ambiental nacional, a través del reconocimiento de principios y derechos esenciales; con un Ministerio del Ambiente; una autoridad de manejo del agua; otra autoridad autónoma para la administración de las áreas naturales protegidas; un organismo creado ex profesamente para la evaluación y fiscalización ambiental; con gerencias regionales de medio ambiente y recursos naturales; y con fiscalías ambientales que aseguran un mayor desarrollo de lo ambiental desde el ámbito público y que a través de su consolidación permitirán al ciudadano ejercer de manera plena su derecho fundamental a un ambiente sano.

Es probablemente en el campo jurisdiccional en el que nos toque aún avanzar. No hay mejor gestión ambiental que la que puede desarrollar el ciudadano cuando encuentra en su sistema judicial una respuesta frente a las amenazas o hechos que afectan su derecho fundamental o su calidad de vida. Un avance en materia judicial ambiental significará un salto cualitativo en la protección de los derechos y permitirá que el crecimiento económico vaya acompañado de una gestión ambiental integral, de una sólida defensa de la vida y la salud de las personas y de la protección de los ecosistemas y recursos naturales que son el activo económico, social y ecológico del país. 

Como disciplina jurídica, el derecho ambiental sigue siendo una disciplina relativamente joven en el Perú, pero en constante evolución y crecimiento. En el ámbito académico, son cada vez más las universidades —tanto públicas como privadas— que han incorporado la materia ambiental en la currícula del derecho. Además, son cada vez más los estudiantes que conforman los denominados «talleres de derecho ambiental» o que se matriculan en cursos denominados «clínicas jurídicas» en materia ambiental. Por su lado, en el ámbito profesional, los estudios de abogados que inicialmente incorporaron profesionales del derecho ambiental como una práctica defensiva frente a los conflictos que enfrentaban sus clientes, lo hacen ahora siguiendo el criterio de oportunidad que el aspecto ambiental representa. Este crecimiento también se da en las entidades del Estado, fruto de la creación de nuevos organismos directamente enfocados en el aspecto ambiental, como el Ministerio del Ambiente (MINAM), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entre otros, o como resultado del proceso de descentralización y fortalecimiento de la gestión ambiental regional y local.

En los ámbitos legal, institucional y político se han dado avances significativos, especialmente en las dos últimas décadas. Así, desde que en 1990 se dictó el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (CMA), este marco se ha visto enriquecido con un desarrollo legislativo general, en temas tales como los recursos naturales, la evaluación del impacto ambiental y la gestión ambiental pública; con avances sectoriales que incluyen reglamentos tales como los emitidos para las actividades mineras, eléctricas, industriales y de hidrocarburos; y con avances regionales, como las normas promulgadas sobre zonificación ecológica económica en la región de San Martín o los programas de conservación en el caso de Loreto. Finalmente, este avance se ha consolidado con la aprobación de la política nacional del ambiente el año 2009.  

 

Así, el Perú ha pasado de ser un país que hasta finales de los años ochenta contaba con una legislación ambiental que era eminentemente sectorial y dispersa, en donde se carecía de un marco integrador que además de regular las conductas humanas, permitiese una gestión ambiental en los ámbitos estatal y privado, a ser un país con un marco legislativo cada vez más sistémico y sistemático, integrador de las distintas conductas humanas y sus impactos ambientales y con un marco institucional diseñado expresamente para su gestión.

 

Debe recordarse que recién a partir de 1990, con la promulgación del CMA y el impulso de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) celebrada en Brasil en 1992, se inicia en el Perú un desarrollo sistemático del derecho ambiental, con énfasis en la promoción del desarrollo sostenible.

 

El CMA cumplió la función de una ley general y sentó las bases iniciales de una política ambiental sustentada en los principios modernos de gestión ambiental que ya en ese entonces venían siendo discutidos y sistematizados con ocasión de estar preparándose la CNUMAD.

En la actualidad, contamos con un marco constitucional que reconoce lo ambiental como un derecho fundamental de las personas; con una ley general del ambiente que no solo ordena el marco institucional ambiental sino que establece las bases de la gestión ambiental nacional, a través del reconocimiento de principios y derechos esenciales; con un Ministerio del Ambiente; una autoridad de manejo del agua; otra autoridad autónoma para la administración de las áreas naturales protegidas; un organismo creado ex profesamente para la evaluación y fiscalización ambiental; con gerencias regionales de medio ambiente y recursos naturales; y con fiscalías ambientales que aseguran un mayor desarrollo de lo ambiental desde el ámbito público y que a través de su consolidación permitirán al ciudadano ejercer de manera plena su derecho fundamental a un ambiente sano.

Es probablemente en el campo jurisdiccional en el que nos toque aún avanzar. No hay mejor gestión ambiental que la que puede desarrollar el ciudadano cuando encuentra en su sistema judicial una respuesta frente a las amenazas o hechos que afectan su derecho fundamental o su calidad de vida. Un avance en materia judicial ambiental significará un salto cualitativo en la protección de los derechos y permitirá que el crecimiento económico vaya acompañado de una gestión ambiental integral, de una sólida defensa de la vida y la salud de las personas y de la protección de los ecosistemas y recursos naturales que son el activo económico, social y ecológico del país.

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