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Sábado, Septiembre 21, 2019
   
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INTENTANDO EQUILIBRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS CON LOS INCENTIVOS

Nuestro país cuenta con una profusa legislación ambiental y sobre recursos naturales. Sin embargo, es por todos conocido que uno de los principales problemas que afrontamos es el escaso nivel de cumplimiento que esta legislación tiene y la muy limitada capacidad de los encargados de hacerla cumplir.

Los cuerpos normativos principales relacionados con el derecho ambiental, como la LGA, buscan equilibrar, principalmente 2 formas de promover/exigir el cumplimiento de las normas ambientales. Acompañando a las necesarias acciones de fiscalización y control, se encuentran algunos instrumentos de incentivo que buscan favorecer el nivel de cumplimiento a través de mecanismos indirectos en beneficio de quienes deben cumplir la norma.

Sin embargo, creemos que el Estado debe racionalizar y ejecutar aquellos mecanismos y normas que ha incluido en la LGA y otras normas complementarias, con el objetivo de hacer cumplir las normas ambientales. Así, podemos decir que hoy en día contamos con penas más graves para delitos ambientales y también con fiscalías especializadas en temas ambientales, pero se requiere de estrategias integradoras de competencias y funciones, así como de un rol más activo de la sociedad civil, si se quieren enfrentar con éxito los problemas ambientales más importantes de nuestro país.

Debe buscarse la aprobación del régimen común de fiscalización y control ambientales, así como el fortalecimiento de las competencias del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) que debería poder dedicarse a las tareas más relevantes del quehacer ambiental, en las que es más necesario que una adecuada presencia del Estado defienda los intereses públicos en beneficio de todos los peruanos. Solo con una autoridad ambiental dotada de una adecuada potestad de fiscalización y sanción, podremos articular un sistema de gestión ambiental eficaz y eficiente.

El avance del Ministerio Público, al generar en su interior, órganos especializados destinados a lo ambiental, debería ser emulado por el Poder Judicial y por otros organismos del Estado que deberían mejorar su vinculación con la solución de los temas más graves en el ámbito ambiental (como la Policía Nacional del Perú o la Dirección de Capitanía de Puertos para asuntos como la tala o minería ilegales). Tanto en el ámbito urbano como en el rural, el principio de autoridad respecto de las entidades encargadas de hacer cumplir las normas debe ser reforzado de manera sustancial, en tanto estas deberían ser percibidas como instancias transparentes, incorruptibles y dinámicas que generan en la población, en las empresas, en los operadores de derecho, así como en otros órganos del Estado, las señales adecuadas para que realicen los objetivos de las normas y políticas ambientales.

Asimismo, en lo que respecta a las competencias administrativas, quedan todavía dudas respecto de las competencias ambientales sectorializadas  y cómo estas se integrarán a un régimen común y a una fiscalización integral de las actividades económicas, desde lo ambiental. Esta tarea es urgente en tanto brindará seguridad jurídica (reglas claras) y un adecuado control a las inversiones que se realicen en todo ámbito del quehacer nacional. Esto nos lleva al siguiente punto importante de debate.

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