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Sábado, Diciembre 16, 2017
   
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MATERIA PROCESAL EN DEFENSA DEL AMBIENTE

El Poder Judicial y el órgano de control constitucional, el Tribunal Constitucional, tienen la responsabilidad de exigir el cumplimiento de las normas sobre conservación y protección ambientales y de contribuir con sus decisiones a la consolidación de los principios fundamentales del derecho ambiental. En tal sentido, la administración de justicia es un elemento fundamental para la acción del Estado. Su relevancia se incrementa en tanto debe ser útil a la gente para hacer valer sus derechos, en este  caso, el derecho a un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. Esto trae como supuesto que el sistema de administración de justicia sea accesible para todos y que produzca resultados individual o socialmente justos.

En el mismo sentido, el rol del Ministerio Público en tanto titular de la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el Derecho, es central en lo que respecta al derecho ambiental, sobre todo cuando nos referimos al aprovechamiento de recursos naturales y la conservación o protección del ambiente, en donde los intereses públicos requieren de un sistema de defensa idóneo para que se cumplan los objetivos del marco normativo ambiental.

No debemos dejar de lado el rol de algunas importantes instancias administrativas que tienen competencias específicas en torno a la función sancionadora administrativa, así como el control del cumplimiento de las normas en instancia administrativa, como un primer paso para, de ser necesario, solicitar la intervención de otras instancias.

En el Perú, el ejercicio de la tutela jurisdiccional para la protección del ambiente se inició formalmente en 1990 con la promulgación del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (CMA). Esta norma reconoció por primera vez el legítimo interés de toda persona en iniciar demandas en defensa del ambiente y estableció que todo ciudadano tiene un interés moral en su protección. En perspectiva, el CMA tuvo el mérito de quebrar el esquema individualista del proceso civil en el Perú, para reconocer el interés difuso o colectivo afectado por el daño ambiental. Luego, en el año 2002 el Código Procesal Civil, artículo 82, desarrolló la figura, incluyendo la participación de los gobiernos locales en dichos procesos.

Lamentablemente, en el Perú los procesos judiciales de naturaleza ambiental son normalmente ineficientes y no se presentan como una alternativa segura para la protección de nuestro patrimonio natural. No obstante, existen algunos precedentes que vale la pena considerar y  que podrían prever un aumento de la eficacia en el ámbito jurisdiccional en torno a los temas ambientales y sobre recursos naturales.

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