En este principio se establece la modalidad de gestión escogida por la ley, es decir, la que se basa en la cuenca hidrográfica. Así, el uso del agua debe ser óptimo y equitativo, fundamentarse en su valor social, económico y ambiental, y su gestión debe ser integrada por cuenca hidrográfica y con la participación activa de la población organizada. El agua constituye parte de los ecosistemas y es renovable a través de los procesos del ciclo hidrológico.