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Viernes, Noviembre 22, 2019
   
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TEMAS ACTUALES EN DEBATE

Si comparamos la legislación peruana sobre fauna silvestre con la legislación forestal, enseguida resalta el poco desarrollo e innovación de la primera, pese a la gran diversidad de nuestros recursos naturales.

Tal vez uno de los ejemplos más antiguos de regulación de fauna silvestre registrados en el Perú sea el de la vicuña. La vicuña ha cohabitado con la población andina desde los tiempos del incanato, cuando se estimaba que su número ascendía a 2 millones de ejemplares,20 entre otros factores, porque la caza ilegal era sancionada con pena de muerte.

En la Historia del Nuevo Mundo, Bernabé Cobo reconoce a las vicuñas como una de las mayores riquezas de los indios.21 Por ello, el Inca era el único autorizado a otorgar las órdenes de captura, en cantidades limitadas, en las distintas regiones del Tahuantinsuyo, mediante el sistema del «chaccu»22 que se realizaba por orden real cada 3 o 4 años. La carne de las vicuñas matadas se repartía entre los pobladores para hacer «charqui» y la fibra se destinaba al Inca y a la nobleza.

Tras la conquista, se inició el lento pero inexorable proceso que llevó a casi la extinción de la especie. Una de las causas principales fue la caza indiscriminada por parte de los españoles para obtener su fibra. Por otro lado, las nuevas especies, como ovejas y caballos, trajeron consigo nuevas enfermedades, además de competir por los pastos con las vicuñas.23 Como consecuencia de ello, y en vista de que no existían políticas que garantizaran el uso sustentable de la especie, la población de vicuñas descendió notablemente, a pesar de que eran considerados animales valiosos por su fibra.24

Entre las primeras normativas que denotan la preocupación por la especie se encuentran la real ordenanza de 1577, por za cual el rey de España prohíbe la caza de ganado mayor (camélidos), y el Oficio de 176825 del marqués de Rocafuerte al virrey Amat y Junyent, que advertía a los pobladores del Cuzco que podían esquilar las vicuñas pero no cazarlas.

Durante la República, la especie adquiere un valor fundamental en el imaginario de la clase gobernante, llegándose a colocar la figura de una vicuña en el escudo nacional, con el fin de simbolizar la riqueza faunística del Perú. Asimismo, el 5 de julio de 1825, Simón Bolívar dictó el decreto 133 prohibiendo la caza de vicuñas, con multas de hasta cuatro pesos, y el decreto 13426 en el que se estimulaba la crianza de la especie, ofreciendo como incentivo para ello, un peso por rebaño.27

En vista de que no se logró incentivar la crianza de las vicuñas a través de los dispositivos emanados en los primeros años de la República, se decidió optar por regulaciones más drásticas. Así, en 1851, durante el gobierno del conservador José Rufino Echenique, se prohibió la exportación de fibra de vicuña, rechazando la propuesta de exportación que ofreciera la casa Dickson, Beardman y Cía.28 Desde esa época hasta la fecha, las políticas restrictivas para la caza y aprovechamiento de la fibra son mundialmente conocidas en todos los países del rango de distribución de la especie.

Otro ejemplo algo más reciente es el de las tortugas de río. Cuando en los años cuarenta se reservó las tierras y ríos de las cuencas del Pacaya y Samiria con el objetivo de conservar algunos recursos hidrobiológicos claves para la región amazónica, muy pocos conocían que ya años antes, en 1902, el gobierno había prohibido la extracción de huevos de tortuga durante la época de cría en el departamento de Loreto, aunque la medida tuvo poco efecto. Luego, la creación de la que fuera la Zona Reservada del Pacaya y Samiria, expresamente reconocía la importancia de la conservación de importantes recursos como el paiche, la charapa y la taricaya.

Pero no es sino hasta el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas del general Velasco Alvarado que el Perú contó por primera vez con una norma que reguló la conservación de los recursos de fauna silvestre: el reglamento sobre conservación de flora y fauna silvestre. Este reglamento del año 1977 fue uno de los cuatro con los que contó la ley forestal y de fauna silvestre del año 1975. Otra norma importante fue el reglamento de unidades de conservación, que también regulaba la fauna silvestre en estas unidades.

Sin embargo, los cambios introducidos por la legislación vigente (ley forestal y de fauna silvestre del año 2000 y su reglamento del 2001) no son significativos si los comparamos con lo regulado en la década del setenta. Lo que sí ha reportado cambios dramáticos es la disminución de muchas poblaciones de fauna silvestre, ocupando el tráfico ilegal de especies de fauna silvestre a veces el segundo o tercer lugar de actividades ilícitas en el ámbito mundial, luego del tráfico de drogas y el de armas.

La deforestación de los últimos años ha incidido directamente en las poblaciones de fauna silvestre, unida desde hace poco al fenómeno del cambio climático.

El Perú es uno de los pocos países que todavía permite en su legislación la extracción de especímenes de fauna silvestre para ser utilizados como plantel genético, con la finalidad de manejarlos con fines comerciales.

Otro punto débil en nuestra legislación es el seguimiento del plantel genético que sale del país, ya sea con fines comerciales, culturales o de investigación científica. Cabe precisar aquí que con fines comerciales la exportación solo es posible si proviene de áreas manejadas y si las especies no se encuentran bajo alguna categoría de amenaza.

No se conoce debidamente cómo se están manejando los especímenes que han salido como producto de colectas científicas o de difusión cultural a zoológicos. Si bien se debe presentar un proyecto antes de que se otorguen las autorizaciones respectivas, ¿se tienen los resultados de las investigaciones? ¿Qué sucede si los especímenes, una vez sacados del país, son utilizados para fines diferentes a los solicitados? ¿Qué acciones se adoptan para recuperarlos?

Sin embargo este monitoreo sobre lo que pasa después con los especímenes, también lo vemos en el ámbito nacional. No tenemos —o si los tenemos, son pocos— investigaciones o reportes sobre lo que sucede con las poblaciones de las especies que se reintroducen después de poner en marcha los programas de manejo. Sobre este extremo no hay nada regulado. Es preciso, por ejemplo, que previo a la clasificación de especies amenazadas de fauna silvestre, se realicen censos poblacionales; sin embargo, la legislación no ha previsto un mecanismo de incentivos para ello. La fauna tiene una dinámica distinta a la flora, ya que los especímenes están en constante movimiento y en constante adaptación a nuevos espacios. La investigación es trascendental para adoptar medidas de política que tiendan a la protección de la fauna silvestre, y los incentivos se constituyen en un brazo derecho para ello.

La coordinación intersectorial para combatir, entre otros, el tráfico ilegal de fauna silvestre, ha sido otro de los puntos débiles en nuestra legislación. Hay temas que deben ser replanteados en lo que respecta a las autoridades competentes. Un ejemplo de ello son las áreas naturales protegidas, y es que si en un decomiso en un área protegida tenemos fauna silvestre terrestre y acuática, el caso se divide en dos: una parte será resuelta por el SERNANP y otra por el PRODUCE. Y si la embarcación no tiene autorización, pues también citaremos a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú. Se han visto muchos casos en los que para un mismo ilícito convergen un mínimo de cuatro autoridades. Por lo menos para el tema de la extracción de recursos forestales, la autoridad dentro del área protegida la ejerce el jefe del área.

Otro tema que debe replantearse es el de los cotos de caza. La normatividad vigente los considera como una categoría de áreas naturales protegidas. Sin embargo, en estos espacios el fin primordial es el manejo de una o más especies de fauna silvestre con fines de caza. Por definición, esto no se condice con el concepto de área natural protegida en la que el conservar muestras representativas de la diversidad biológica es lo que prima. Si bien en varias áreas naturales protegidas se manejan recursos naturales como una estrategia para proteger los objetos de conservación del espacio protegido, este manejo no es un fin en sí mismo. En el coto de caza la finalidad es manejar especímenes para cazar, por lo que se evidencia que esta es una modalidad de manejo de fauna silvestre y que, por lo tanto, debe ser regulada en la legislación de fauna silvestre.

En lo que respecta a la clasificación de especies amenazadas de fauna silvestre, es preciso que esta no solo se realice en función a las especies, sino también a los ámbitos geográficos. Así pues, tenemos que la especie «taricaya» (Podocnemis unifilis) se encuentra en la actualidad bajo la categoría de «vulnerable», y que la norma que la clasificó de esta manera prohíbe su caza, captura, tenencia, transporte o exportación con fines comerciales. Sin embargo, es conocida la experiencia de manejo de dicha especie en la región Loreto, donde probablemente la especie ya haya superado esa situación. A pesar de ello, la prohibición se mantiene vigente para esa región.

Solo hemos citado algunos puntos que consideramos que deben ser revisados, debatidos y regulados para mejorar la gestión, administración, manejo y conservación de las especies de fauna silvestre en el Perú, orientándolos no solo a la protección sino a un adecuado aprovechamiento y control de nuestras especies. Finalmente, no olvidemos que las especies no conocen fronteras, por cuanto las políticas de integración para el manejo de fauna silvestre con nuestros países vecinos, que también se caracterizan por altos índices de biodiversidad, son una posibilidad que no debe perderse de vista.

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20     Weehler, Jane, «Evolution and present situation of South American Camelidae», en Biological Journal of the Linean Society 54, 2005. p. 274.

21     Cobo, Bernabé, Obras del Padre Bernabé Cobo. Estudio preliminar, edición del Padre Francisco Mateos, vol. 1, Madrid: Atlas, 1956.

22     Sistema por el cual, cada 3 o 4 años, centenares de personas se reunían formando una cadena humana que llevaba a las vicuñas a corrales de piedra, para luego esquilarlas y marcarlas individualmente. Solo los machos eran sacrificados.

23     Sahley, Catherine, Jesús Sanchez y Jorge Torres, Neoliberalism meets pre-columbian tradition campesino communities and vicuña managenment in andean Peru, Lima: Asociación para la Investigación y Conservación de la Naturaleza (CONATURA), 1981.

24     Becker, Jacqueline, «Economic incentives for wildlife protection a case study of Peru’s vicuñas», tesis del Departamento de Geografía y Ambiente de la London School of Economics and Political Science, agosto 2003.

25     Oficio enviado desde Yucay (Cuzco) el 22 de noviembre de 1768.

26     Promulgado el 5 de julio de 1825.

27     Brack Egg, Antonio, «Los camélidos sudamericanos», en: http://www.geocities.com/Biodiversidad_PERU/brack_camelidos_sudamericanos.pdf

28     Cabe precisar que durante estas décadas, la economía peruana, y por tanto el financiamiento económico del país, se centraba en la explotación de recursos como el salitre, el guano y el petróleo, de alta rentabilidad en el mercado internacional.

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